Política

Autoconvocados cuestionan a la Justicia por casos de ZI

 

Ayer continuó la movilización de ciudadanos autoconvocados, en la denominada carpa de la residencia ubicada a unos 500 metros de la zona primaria del Puente de la Amistad, que tiene al político y actual senador Javier Zacarías Irún (ZI) como a uno de los judas de Ciudad de Este.

Si bien la crítica es en general al Gobierno de Mario Abdo Benítez y su hermano Benigno López, por su manejo durante esta cuarentena, los manifestantes le dedican especial atención y repudio a la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, y a través de ella a toda la Justicia paraguaya, a la que acusan de blanquear al senador colorado, que afronta varias denuncias en su contra.

Sucede que tanto Zacarías como su esposa Sandra McLeod tienen causas abiertas ante la justicia. El último hecho de sobreseimiento en el caso Frontera Producciones, generó la reacción de la ciudadanía, que con la manifestación de ayer dejó en claro el rechazo al denominado clan Zacarías.

Blanqueo. Casi todos los casos judiciales iniciados contra la familia de políticos esteños están en proceso de blanqueamiento, atendiendo a que la familia Zacarías ya tiene sobreseimientos en dos casos de lesión de confianza y ya se había rechazado la reapertura de una investigación por enriquecimiento ilícito.

En la causa 13/19 por lesión de confianza en la que la Fiscalía sostiene que hubo un daño patrimonial de más de 3.700 millones de guaraníes a los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, los 10 procesados tienen sobreseimiento, entre ellos es definitivo para el senador Zacarías Irún, quien fue imputado como instigador, y provisional para la ex intendenta de la capital de Alto Paraná, Sandra McLeod de Zacarías.

En otra investigación por lesión de confianza, la causa 26/19, la misma Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional por diligencias pendientes en una investigación por contratos por más de 6.600 millones de guaraníes con la firma MD Distribuidora y Eventos SA, porque había diligencias pendientes, según el argumento.

Finalmente, fue el juez Marino Méndez quien rechazó el pedido de reapertura de la investigación por enriquecimiento ilícito contra el clan ZI, que fue confirmado en otras instancias, porque consideraron que el actual senador no era funcionario público cuando amasó una fortuna consistente en bienes inmuebles y muebles en el país y el exterior.

Paralelamente, otro proceso por declaración falsa está paralizado en la etapa intermedia, por un recurso planteado por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia.

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