La ley “garantizará que los medios de comunicación reciban una remuneración justa por los contenidos que generen, lo que ayudará a mantener al periodismo de interés público en Australia”, dijo este jueves en un comunicado el ministro australiano del Tesoro, Josh Frydenberg.
La normativa despeja el camino para que estos dos mastodontes digitales inviertan decenas de millones de dólares en acuerdos de contenido local.
MODELO. Esta ley podría servir de modelo para resolver conflictos entre los gigantes tecnológicos y los reguladores globales con el fin de equilibrar las relaciones entre los medios de comunicación tradicionales -en apuros financieros- y los gigantes que dominan internet y captan buena parte de los ingresos publicitarios. Antes de la aprobación, el Gobierno presentó el martes una serie de enmiendas técnicas sobre su propuesta de ley, el mismo día en que Facebook y el Ejecutivo anunciaron el restablecimiento en los próximos días del acceso a las noticias australianas, que fue bloqueado por la red social como medida de presión.
La ley de pagos por contenidos periodísticos fue elaborada a raíz de las investigaciones de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, según sus siglas en inglés), sobre el desequilibrio en los ingresos publicitarios entre las tecnológicas y los medios publicitarios en Australia.
La ACCC determinó en su informe final sobre las plataformas digitales, publicado en diciembre de 2019, que estas concentraban el 51 por ciento del gasto publicitario en 2017 en el país oceánico.
ENMIENDAS. La nueva legislación de Australia -una de las democracias con la mayor concentración en la propiedad de medios- obliga a las empresas tecnológicas a negociar con las periodísticas una contraprestación por las noticias que se publican en sus plataformas. Pero las enmiendas dan un mayor margen de negociación a las tecnológicas en sus acuerdos con los medios, dado que podrán seleccionar a sus proveedores y no están obligadas a suscribir un acuerdo forzado si ya han firmado convenios previos.
Por otro lado, la ley considera como último recurso la intervención de un panel de arbitraje, cuya decisión es vinculante para fijar el monto a pagar si no se produce un acuerdo entre las partes.
La inclusión de las enmiendas a la ley después de que Google amenazara con suspender sus servicios de búsqueda en el país y Facebook interrumpiera su servicio de publicación de noticias (aún sin restablecer) hace sospechar a algunos analistas que la ley no llegará a aplicarse.
“El código permanecerá en los libros de leyes, sin ser utilizado. No se designará a nadie”, remarcó el jurista Michael Bradley en un artículo de opinión en la revista política Crickey, al apuntar que las plataformas y los grandes grupos mediáticos alcanzarán rápidamente sus acuerdos.
Google ya suscribió este año acuerdos con grandes empresas mediáticas para alimentar su hilo de noticias, mientras que Facebook firmó en Australia su primera carta de intención con Seven West Media, propietarios del Canal 7, para que le brinde contenido periodístico, lo que hace temer que las organizaciones pequeñas e independientes se queden fuera de juego.
Ingresos publicitarios
La nueva ley fue creada a raíz de la crisis de los medios por la caída en los ingresos publicitarios en las dos últimas décadas, que ha causado despidos masivos en las redacciones, recortes a los gastos en sus investigaciones y un paso de la versión impresa a la digital para reducir costes. El año pasado, el presidente del grupo mediático australiano Nine, Peter Costello, dijo que Google y Facebook generan unos ingresos publicitarios de unos 6.000 millones AUD (3.859 millones USD o 3.571 millones EUR) y aproximadamente el 10% de esa cifra es el resultado del contenido de las noticias.
