En estas últimas dos semanas, nos hemos enterado de cómo nuevamente un selecto grupo de ciudadanos, los parlamentarios, concedieron aumentos salariales a otro selecto grupo de ciudadanos, los operadores políticos.
Sin concurso, sin el aval técnico de Hacienda y beneficiando a solo 2.123 personas dentro de un universo de 300.000, la libertad de pensamiento nos lleva a considerar que estos generosos reajustes –de entre el 2% y el 251%– fueron puntillosamente planeados y ejecutados por un órgano al que en los últimos tiempos poco y nada importa cuando del dinero del contribuyente se trata.
Pero los problemas no vienen solos del Congreso. El nefasto precedente que representa esto hizo que el Fisco, acorralado tras intentar blanquear la situación, optara finalmente por congelar el pago de salarios a los beneficiados con los aumentazos.
Al parecer, a quien no le hizo efecto el cuestionamiento masivo es a la Secretaría de la Función Pública (SFP). De acuerdo con su Dictamen 01/19, elaborado por la Asesoría Técnica Jurídica, los aumentos no violan ninguna legislación, reduciendo la obligatoriedad legal de los concursos a simples trámites administrativos. Es decir, concedamos si que los aumentos de salarios, lo que dice la Ley 1626 acerca de los concursos, veamos después nomás, no es importante. Terrible.
Evidentemente, dejar esta clase de precedente no es una señal positiva para un país como el nuestro que se ha caracterizado en los últimos años por su política fiscal responsable en términos de déficit y de salarios, y que ha tenido como obstáculo principal a la clase política para alcanzar el anhelado grado de inversión.
Tampoco contribuye a la cohesión de un gobierno que dos entidades de carácter normativo dentro del Poder Ejecutivo, uno en cuestiones presupuestarias y el otro en cuestiones de actividad estatal, se contradigan jurídicamente y desaten mayor desconfianza en la ciudadanía.
En tiempos en que el Gobierno se encuentra en plena discusión en busca de lograr consenso para reformas en el sector tributario y en el ámbito de los gastos públicos, es preciso y necesario que haya transparencia en el manejo del presupuesto porque, al fin y al cabo, en el presupuesto se refleja lo que realmente pretende lograr una administración durante su mandato.
En ese sentido, el plan de gastos para este año prevé que G. 73 de cada G. 100 que recauda el Fisco sean destinados exclusivamente al pago de salarios, mientras que la rigidez presupuestaria se encuentra en torno al 92%, lo que quiere decir que solo el 8% de todo el Presupuesto 2019 puede ser destinado a inversiones sociales o inversiones físicas, situación que tras estos aumentazos podría empeorar.
Esta mañana vence el plazo para que las 35 entidades que recibieron luz verde para los aumentazos muestren los documentos que avalen la realización de los concursos públicos de oposición, y especialmente, entreguen la lista de quiénes son los privilegiados con los reajustes.
Si este Gobierno se considera de la gente –como reza su eslogan– es fundamental que luego de estas respuestas el Ministerio de Hacienda dé claridad sobre el tema. Quiénes recibieron el aumento, de cuánto es el reajuste, cómo se dio, etc. Además, también es imprescindible que el presidente Mario Abdo Benítez tenga la película clara: El encargado de llevar adelante el proceso presupuestario es el Ministerio de Hacienda. El que negocia a sus espaldas evidentemente está fuera de sintonía con el presidente.
