Como una bomba de tiempo que atenta directamente contra la salud de la población definió la directora de Defensa al Consumidor de la Comuna capitalina, Julia Benítez, la existencia de unas 300 veterinarias que operan en forma ilegal en Asunción.
Esto fue avalado por los fiscalizadores Ángel Villalba y Andrés Benítez, médico veterinario y funcionario de la Unidad de Zoonosis de la institución municipal, quienes indicaron que del 2017 a esta parte 100 clínicas se pusieron en regla y otras 100 se encuentran en proceso de legalización.
“Hace dos años hubo una reestructuración en nuestra dirección y en ese tiempo apenas 10 veterinarias estaban en regla. Hoy ese panorama mejoró, pero aún existe mucho por hacer”, apuntó Villalba.
Explicaron que 90% de estos negocios pagan su patente comercial y, sin tener la licencia que los habilita a abrir sus puertas, entran a atender al público, sin contar con las mínimas condiciones.
Incluso mencionaron que estas unidades deben tener habilitación de Senacsa, que depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por manejar productos biológicos como vacunas y otros fármacos que exigen controles rigurosos.
DESECHOS. En otro momento, Andrés Benítez indicó que estas clínicas también deben estar fiscalizadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y tener contrato con empresas que retiren su basura patológica, de manera que no sea arrojada a vertederos clandestinos o cerca de arroyos y otros cursos de agua.
Ángel Villalba sentenció que “sabemos que se firma contrato con estas firmas para que recojan este tipo de desechos dos o tres veces a la semana. Pero eso ocurre con veterinarias que son legales. Con las demás no se sabe. Lo más seguro es que estén tirando en cualquier parte, con todo el peligro que eso significa para la salud de la gente”.
Uno de los puntos donde constantemente se encuentran desperdicios patológicos, como jeringas, envases vacíos de suero, sondas y pelos de animales, lo que evidencia la responsabilidad de veterinarias de la zona de Sajonia, está detrás de la Escuela Molinos Harineros del Paraguay, sobre Coronel Gracia, por donde se mueven muchos niños.
Puntualizaron que gran parte de esas clínicas ilegales fueron notificadas y que el paso siguiente es aplicarles una multa, cuyo monto máximo es de G. 8 millones y que en caso de no ponerse en regla, se proceda a su clausura definitiva. “Lo que pasa es que el control es difícil, ya que cuando se les cierra, apenas nos movemos ya abren de nuevo. No hay respeto ni conciencia del peligro existente”, concluyó la directora Julia Benítez.
“Hay veterinarias de renombre sin autorización para abrir y, sin embargo, atienden a pesar del riesgo que eso implica”. Ángel Villalba, fiscalizador.
“Nos dicen que solo hacen corte de pelo y baño, pero hasta se atreven a hacer cirugías y ni siquiera empíricos están a cargo”. Andrés Benítez, Zoonosis.