Editorial

Asumir que la ley de pérdida de investidura es inconstitucional

Tras el nuevo veto del presidente Mario Abdo Benítez a la ley de reglamentación de la pérdida de investidura –también conocida como ley de autoblindaje o “autobandidaje”–, los legisladores deben asumir que su proyecto es claramente inconstitucional y dejar de insistir en crear un instrumento de impunidad para los corruptos. Es la tercera vez que la pretendida ley es rechazada desde el Poder Ejecutivo y se devuelve al Congreso. La fórmula para no exponerse a ser echados del cargo es simple: no incurrir más en actos de corrupción, no hacer uso indebido de la influencia, no traicionar los intereses de la ciudadanía.

Por tercera vez, un presidente de la República ha procedido a vetar la ley de reglamentación de pérdida de investidura –también denominada popularmente como ley de autoblindaje o de “autobandidaje”–, que fuera nuevamente aprobada en el Congreso.

Inicialmente, una primera versión sancionada por los legisladores ya había sido rechazada por el entonces presidente Horacio Cartes, en marzo de 2018. Luego, en setiembre de 2018, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la derogación de la misma ley, argumentado que era parte de “la lucha contra la impunidad”.

A pesar de ello, la mayoría de los diputados y senadores aprobaron recientemente una nueva versión de la ley, estableciendo que si en la Cámara de Senadores se necesitaban 13 votos para remover a un legislador corrupto, con la nueva ley se iban a necesitar 23 votos, y si en la Cámara de Diputados se requerían 22 votos para la pérdida de investidura, con las modificaciones se necesitarían 41 votos.

Este nuevo intento por establecer mayores dificultades para que un legislador acusado de cometer tráfico de influencias y otros delitos puedan ser echados del Poder Legislativo, ahora ha sido también vetado por el presidente Abdo Benítez. El mandatario ha explicado que así lo ha hecho porque la ley “es inconstitucional”.

En este último caso, los propios empresarios industriales congregados en la Unión Industrial Paraguaya le pidieron al presidente que vete la ley, argumentando que si los legisladores “utilizan su derecho de modificar las leyes en su propio beneficio, está muy mal. Toda la ciudadanía debe estar en desacuerdo”.

La inconstitucionalidad radica en que el artículo 201 de la Carta Magna no establece mayorías calificadas, por lo que el procedimiento de pérdidas de investidura hasta ahora se regía por lo dispuesto en el artículo 185 que establece que, en los casos en que la Constitución no indique las mayorías, se debe proceder a decidir con la mayoría simple. Alterar este principio significaría modificar arbitrariamente la propia Constitución.

La desesperación de los legisladores por contar con una ley de autoblindaje obedece a que mediante denuncias e investigaciones periodísticas acerca de casos de corrupción, que han dado pie a indignadas movilizaciones ciudadanas, en menos de un año ya han sido cinco los diputados y senadores expulsados de sus cargos o que se han visto forzados a renunciar, como ha ocurrido con el senador colorado Óscar González Daher, el senador del Partido Unace Jorge Oviedo Matto, el diputado colorado José María Ibáñez, el senador colorado Víctor Bogado y el senador liberal Dionisio Amarilla, todos ellos envueltos en acusaciones por casos de corrupción.

“La tercera es la vencida” sostiene un popular refrán. Es de esperar que la mayoría de los legisladores así lo entiendan, acepten finalmente este nuevo veto presidencial y dejen de insistir con la idea de contar con un inconstitucional instrumento de impunidad. De lo contrario, solo seguirán siendo blanco de la indignación popular. Si lo que les preocupa es el riesgo de perder sus cargos en el Congreso, la fórmula para que ello no ocurra es muy simple: no incurrir más en actos de corrupción, no hacer uso indebido de la influencia, no traicionar los intereses de la ciudadanía.

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