EFE
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, había denunciado el “asedio” a la sede principal del Ministerio Público (MP) en Caracas por parte de un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana que mantiene rodeada la institución.
“Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional”, indicó la fiscal en un mensaje en la red social Twitter junto a una imagen de los efectivos militares con escudos acordonando la entrada de la Fiscalía.
El contingente de medio centenar de agentes militares bloqueó los accesos a la sede del MP en el centro de Caracas y se mantiene apostado desde primeras horas de la mañana a las puertas, constató Efe.
La situación se registra un día después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida hace una semana y con poderes casi ilimitados para redactar una nueva Constitución y refundar cualquier institución del Estado.
La Constituyente había anunciado desde el inicio de su campaña que la “depuración” de Ministerio Público sería una de sus primeras acciones que tomaría una vez que ocupara el poder de la ANC.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó ayer al Ministerio Público de ser cómplice de la “insurgencia armada” que según su discurso ha vivido el país desde que empezara la ola de protestas contra su Gobierno el pasado 1 de abril.
Según el líder chavista, la Constituyente servirá para “que haya justicia” y se cure una “herida social” de la que, afirmó, forma parte “la complicidad del Ministerio Público con la insurgencia armada, la protección que la Fiscalía le ha dado a los violentos durante tres meses o más”.
La fiscal general se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más vehementes contra Maduro dentro de las instituciones del Estado, y ha sido acusada de “traidora” desde el oficialismo.
Al igual que el Parlamento, de mayoría opositora, Ortega ha denunciado la Constituyente como un “fraude”, y ha alertado de que este órgano plenipotenciario activado por Maduro es un instrumento del Gobierno para instaurar “un sistema personalista y totalitario”.
