Política

“Arrom y Martí nunca debieron tener la condición de refugiados políticos”

Cuando quede firme la revocatoria de este estatus, corresponde pedir a un juez federal del Brasil una orden de captura para la extradición, explica el funcionario que cuenta aquí los detalles del caso.

En su papel de procurador general de la República, Sergio Coscia ejerció la defensa del Estado en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por una demanda que Juan Arrom y anuncio Martí promovieron por supuesta retención ilegal y tortura ocurridos en 2002. Para hacerlo con precisión y obtener el resultado que se obtuvo: eximir totalmente de responsabilidad al Estado de 8 supuestas violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, el procurador debió recibir un entrenamiento intensivo en Buenos Aires, con su equipo, y asistir a 4 audiencias en la Corte IDH, antes de que le tocara presentar los argumentos de defensa a favor del Estado y formular preguntas a Arrom. En esta entrevista comparte algunos entretelones de cómo lograron revertir lo que al principio parecía inminente: la condena al Estado.

- Antes de pasar al caso Arrom-Martí en la Corte IDH, cuéntenos, ¿por qué esta vez el Conare de Brasil decidió retirar el estatus de refugiados políticos a Arrom y Martí, algo que ya se había solicitado en tres ocasiones anteriores?

- Para que se dé el levantamiento del carácter de refugiados deben surgir hechos nuevos, lo que en las acciones anteriores no se había dado. Sin embargo, en la última presentación formulada por el Gobierno paraguayo se echó mano al pedido de hábeas corpus que presentaron las hermanas de Juan Arrom a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en la última presentación para solicitar lo mismo, que es de este año, se valió de este hecho. En octubre del año pasado, las hermanas de Juan Arrom plantean un hábeas corpus al Estado paraguayo. Esto constituyó una muestra de que ellos estaban ejerciendo su derecho tranquilamente en Paraguay, entonces no se justificaba que siguieran con el refugio político. Recordemos que el motivo principal por el que se les concedió el estatus de refugiados fue porque supuestamente no tenían acceso a la justicia paraguaya.

- Ahora que el Conare decidió revocarles el estatus, ¿qué procederá luego, cuando quede firme esto?

- Como tienen un periodo de apelación, el Estado paraguayo pide que se los tutele. Una vez que quede firme el retiro de la condición de refugiados, corresponde pedir a un juez federal brasileño la orden de captura y posteriormente la extradición. Para esto último, ya se venía trabajando hace dos meses, por eso se pudo enviar inmediatamente el exhorto la misma tarde del viernes, poco después de conocerse el dictamen del Comité para los Refugiados.

- ¿Arrom y Martí tendrán todas las garantías para afrontar el juicio por el caso secuestro de María Edith de Debernardi, una vez que sean extraditados?

- Ellos tienen y han tenido siempre todas las garantías. Ellos se fugaron estando libres. De hecho, nunca debieron tener la calidad de refugiados políticos. Ellos se fueron en libertad, siempre tuvieron todas las garantías a sus derechos, pero hasta hoy hay una causa abierta en la que ellos están involucrados: el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi (en el 2001).

- Dio la sensación de que quedaron sorprendidos por el caso Arrom y Martí en la Corte IDH...

- Bueno, cuando yo llego a la Procuraduría, me sorprende la noticia. Me advirtieron de la posibilidad de que la audiencia fuera a fijarse durante mi gestión y me anticiparon que según las estadísticas de la Corte IDH, era casi un hecho que perdíamos.

Entonces lo que hago es convocar a todas las instituciones involucradas: Fiscalía General, Cancillería, nos juntamos y empezamos a trabajar. Estudiamos varias veces el expediente judicial en el que se establece por qué se les sobreseyó a los policías que Arrom y Martí dijeron que fueron sus captores. Estudiado todo esto, nos faltaba un elemento: la experiencia.

La Corte IDH es un sistema totalmente distinto a los tribunales nacionales. Funda sus resoluciones en estándares que son el resultado de otros juicios. Ellos denunciaron al Estado paraguayo y nosotros vimos que las violaciones de las cuales nos acusaban eran estándares que no eran aplicables a Paraguay. Esta parte era fundamental. Tuvimos 4 meses de entrenamiento intensivo con un couching en Buenos Aires. Mucha gente cuestionó por qué leí en la audiencia o por qué no actué con más vehemencia. Nosotros no teníamos que salirnos ni un segundo de lo que teníamos pautado. Todo fue estudiado, desde el primer día.

- ¿Por qué insistieron tanto sobre el monto de la indemnización reclamada por Arrom y Martí ?

- Yo había informado que en la presentación que realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) plantearon USD 63 millones de indemnización, pero sus abogados salieron a decir que yo estaba mintiendo. Fue cuando decidimos mostrar a la gente la parte del expediente donde estaban planteado una serie de montos, con detalles que sumados daban esa cifra. Ellos negaban, pero después en la audiencia en vez de bajar el monto, aumentaron y eso fue más indignante aún.

- ¿Cuál fue el principal error cometido en ese juicio por la defensa de Arrom y Martí?

- Confiar en las estadísticas. Dar por hecho que ningún Estado sale airoso una vez que la demanda llega a la Corte IDH. Pensar en términos de “ya llegamos hasta acá, vamos a ganar”. Ellos no tenían ninguna prueba de lo que decían. Todos los argumentos eran testimonios de ellos mismos.

- ¿Quién recomendó al presidente que asistiera a la audiencia de la Corte IDH?

- En realidad fue una decisión casi intuitiva del presidente. Nuestros asesores recomendaron que no fuera. Sin embargo, lo hizo, fue muy relevante, porque fue en plan de acompañar a las víctimas. Estuvo sentado las 13 horas que duró la audiencia, atrás, como cualquier ciudadano.

- ¿Qué pretendían Arrom y Martí con esta demanda ante el sistema Interamericano?

- Crear una coartada con el tema de la fecha, para decir que ellos no estaban cuando liberaron a María Edith. De hecho, uno de sus pedidos para retirar la denuncia ante la Corte IDH fue que se declare la nulidad del proceso vinculado a ese hecho. En la Procuraduría obra un acta del 2009 firmado por el abogado de Arrom y Martí, Rubén Lisboa, como parte de un proceso de negociación con el Estado, en la que plantean eso, a cambio de retirar ellos la denuncia de la CIDH.

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