El Estado paraguayo considera ilegal y arbitraria la decisión de una jueza del Uruguay de desestimar la solicitud de cancelación del estatus de refugiados de los paraguayos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, que había pedido el anterior ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios, a la Cancillería Uruguaya, que preside la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).
Ayer, el canciller Euclides Acevedo analizó la situación con autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Como resultado, se acordó presentar un pedido de aclaratoria ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del 34º Turno sobre los fundamentos que llevaron a la Cancillería Uruguaya a dar participación al Poder Judicial en un asunto que no es de esa competencia.
Además, se entregará una nota de protesta al Gobierno uruguayo por medio del embajador de ese país que será convocado por Cancillería Nacional para transmitirle el rechazo del curso que tomó el caso. Abogados uruguayos contratados por el Paraguay presentarán los recursos que correspondan en contra de esta resolución, “ilegal y arbitraria, por estar actuando la jueza fuera de sus competencias”, anunció el abogado José Pereira, director de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Gobierno recurrirá a todas las instancias posibles para que se revoque el estatus de refugiados que Uruguay otorgó a Arrom, Martí y Colmán y que les sirvió de base para gestionar el mismo beneficio en Finlandia, donde se hallan actualmente. “El Estado paraguayo pretende tenerlos en el Paraguay para que puedan ser juzgados. Eso implica que puedan ser detenidos y extraditados”, recordó Marcelo Scappini, vicecanciller.