24 abr. 2024

Arrendamiento de Nápoles se hizo sin previa tasación de la propiedad

El que explota como lugar turístico tiene demandas por deudas, pero este hecho no fue obstáculo para el trato con el ente estatal. La secretaría alquiló para evitar el deterioro del inmueble.

Explotado. Esta es la propiedad de Cucho, quien cayó en  la Operación Berilo. Es conocida como Quinta Nápoles.

Explotado. Esta es la propiedad de Cucho, quien cayó en la Operación Berilo. Es conocida como Quinta Nápoles.

El alquiler de la Quinta Nápoles, del supuesto jefe narco Reinaldo Cucho Cabaña, se realizó sin recurrir a un tasador para conocer el valor real de la propiedad.

Otro dato llamativo es que se arrendó al único ofertante, Miguel Ayala, quien ofreció G. 7 millones al mes. Así reveló Javier Rojas Silva, viceministro de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), a Radio Monumental 1080 AM y a NoticiasPy.

Ayala tiene demandas por deudas impagas por casi G. 50 millones.

En el mismo tenor que Rojas, la ministra de la Senabico, Karina Gómez, explicó que el fin era precautelar el valor del inmueble, que en caso de condena al acusado servirá para promover políticas antidrogas.

“Los G. 7 millones fue lo que el inversionista propuso, nosotros evaluamos no en el aspecto financiero, sino que el riesgo de no mantenerlo ocupado de forma permanente porque iba tener una incidencia negativa en el patrimonio de este inmueble. Lo que quisimos fue proteger el patrimonio y evaluar en el año los reajustes financieros por un alquiler”, explicó Rojas.

La polémica sobre el caso surgió luego de que la defensa del supuesto capo narco Cucho Cabaña pidiera informes sobre el alquiler de la mencionada propiedad.

El inmueble se encuentra en Hernandarias a orillas del Lago Yguazú, y hoy está siendo administrado con fines turísticos por Miguel Ángel Ayala Florentín, un mecánico y vendedor de repuestos de Capiatá que además figura como moroso en Informconf con demanda de deudas impagas por valor aproximado a los G. 50 millones.

El arrendatario debe abonar mensualmente la suma de G. 7 millones, según el contrato, que es de 3 años, de derecho de explotación (turística, cultural o deportiva), con la cláusula que el monto de alquiler puede subir, como también que se puede dar la rescisión en cualquier momento sin costo económico.

En contacto con NPY, el viceministro de Senabico, Javier Rojas explicó que no revisaron Informconf ya que no tienen contrato con la empresa. Por su parte la ministra Gómez explicó que el inmueble generaba inconvenientes y gastos a diario. “Estaban ingresando personas a la propiedad, le pedimos el resguardo a la Policía, y cuando fuimos a controlar encontramos que un policía estaba robando un termocalefón”, relató.

Ante la situación Senabico realizó una convocatoria a inmobiliarias para que consigan una cartera de clientes, pero no tuvo éxito.

Luego se buscó cooperación de la Asociación Hotelera del Paraguay “a quién le pedimos ayuda, y no estuvieron interesados”, señala la ministra, y agrega que en ese momento sale la medida judicial de urgencia de alquiler, que se dio difusión en entrevistas con medios.

“Estamos administrando bienes de interés económico para el Estado, porque existe una presunción y una alta expectativa de que este bien pueda ser comisado, llevar a un remate público y que ese dinero regrese al Estado paraguayo y financiar proyectos sociales”, aseveró Gómez.

¿Dónde va el dinero de alquiler?
El importe por el alquiler de un inmueble administrado por Senabico va a una cuenta bancaria, que además genera interés. En el caso particular de los bienes de Reinaldo Cabaña, sí él llega a ser absuelto por la Justicia, lo recaudado por el alquiler se le transfiere, cobrando el Estado gastos administrativos. Y si es condenado, lo que se recaudó de alquiler queda para el Estado, y se mantiene el valor del inmueble y no se deteriora el monto del remate también pasa al presupuesto. El 50% de lo que se recaude de venta o alquiler es para financiar proyectos de rehabilitación de adictos, 25% a la Fiscalía, Senad, Policía y Poder Judicial, y 25% para la Senabico, según estipula la Ley.

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