Respecto a la hipótesis de que un candidato haya declarado como financistas de su campaña a ciertas personas, y que se demuestre que en realidad estos no son los verdaderos aportantes o que dicha persona no tiene cómo justificar de dónde provino el dinero, afirmó que automáticamente el caso se convertiría en posible lavado de dinero.
“Ellos están obligados a decir cuál es el origen del dinero utilizado en campaña. La persona que aportó tiene la obligación de decir de dónde sacó ese dinero. Eso es hoy, y de alguna manera, los sujetos obligados, que son los bancos y las financieras, al no tener claridad del origen de esos fondos, tienen la obligación de reportar a la Seprelad... La Fiscalía tendría que tener intervención directa”, expresó el ministro respecto a los aportes de dinero a las campañas políticas de los partidos.
VACÍO LEGAL. Respecto a las rendiciones de campaña que por la Ley de Financiamiento Político deben presentar los partidos a la Justicia Electoral, Arregui manifestó que existe un vacío legal, ya que no está claro aún quién controla la veracidad de los aportes y gastos de campaña que rinden.
“Por eso se están haciendo estos estudios desde hace cuatro meses, desde que estoy en esta administración, porque ahí hay un vacío legal en esa parte, porque la Justicia Electoral tampoco supervisa de una manera específica a los partidos políticos. Entonces, como queda en el limbo eso, donde tiene que regularse de una manera más clara eso, se conformó una comisión técnica”, detalló.
Afirmó que, si se da un caso público, pese a que la Justicia Electoral no denuncie, la Fiscalía, de oficio, igual debe intervenir para investigar el dinero de los partidos.
Indicó que en la región se están aplicando mucho más los controles al dinero de las campañas políticas, ya que también es una recomendación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que evaluará sobre este aspecto a Paraguay.
“Por eso, desde Seprelad estamos insistiendo mucho con estos estudios sectoriales y de alguna manera creo que para los primeros días de febrero ya vamos a tener novedades al respecto con la Justicia Electoral, y las reglamentaciones específicas que se espera se saquen como producto de esas reuniones”, dijo.
Arregui explicó que estos estudios mencionados se están realizando a partir de un convenio firmado hace unos meses por la Seprelad con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La idea final de dichos estudios es quitar una reglamentación específica dirigida a las agrupaciones políticas.
“Lo que se busca es que los partidos políticos sean similares a la figura de los sujetos obligados y que ellos mismos tengan que reportar, y sean sancionados si no lo hacen, aquellas operaciones inusuales que puedan representar un riesgo para el tema lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Hoy no están obligados”, explicó.
Agregó que también se reunirá con la diputada Rocío Vallejo para analizar el proyecto de ley que presentaron sobre el rol que tendría la Seprelad en el control del financiamiento político.
La persona que aportó (a la campaña política de un candidato a un cargo público) tiene la obligación de decir de dónde sacó ese dinero.
Hay un vacío legal porque la Justicia Electoral tampoco supervisa de una manera específica a los partidos políticos.
Carlos Arregui,
ministro de la Seprelad.
