Política

Área que debió revisar DDJJ estaba bajo control político

Según denuncias, la publicación de las declaraciones juradas se impidió siempre porque en anteriores administraciones en la Contraloría los documentos eran objeto de negociados y chantajes.

Durante mucho tiempo las declaraciones juradas de funcionarios públicos estuvieron bajo llaves en la Contraloría General de la República, hasta la semana pasada en que empezaron a publicarse, producto de la liberación por parte de la Justicia, unas 2.961 declaraciones juradas (DDJJ).

La discrecionalidad que anteriormente regía en la Dirección General de Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas hacía de este lugar un botín para quien ejercía el mando del área que siempre estaba ligada a un político de peso. Como ejemplo se puede mencionar que hasta el año pasado la directora general encargada de verificar y controlar los datos declarados por los funcionarios públicos era Analy Valiente, esposa del entonces polémico senador Dionisio Amarilla.

Este político liberal, uno de los que incrementaron considerablemente su patrimonio, perdió su investidura el año pasado como senador tras ser denunciado por traficar influencias durante una millonaria licitación para contratación de seguridad para el Instituto de Previsión Social.

De acuerdo con denuncias arrimadas por quienes conocen bien el organigrama y la mecánica de trabajo en la citada dirección, hablan de que dicho sitio se usaba para el “apriete” a quienes se enriquecían desde la función pública para taparlos.

La Contraloría, actualmente a cargo de Camilo Benítez, publicó las miles de declaraciones juradas tras el histórico fallo de la Corte Suprema, que ordenó que se libere la publicación de los documentos, que, a juzgar por los antecedentes, jamás fueron sometidos a los análisis de correspondencia que debían hacerse para luego informar a la Fiscalía si había o no irregularidades.

De acuerdo con las denuncias, el presunto negocio de guardar bajo llaves las declaraciones juradas de políticos y funcionarios que manifestaban patrimonios dudosos consistía en que dichos funcionarios debían pagar un precio monetario alto o, de lo contrario, eran sometidos a chantajes de que iban a ser publicadas sus declaraciones.

Las declaraciones publicadas por orden judicial son de 1998 a 2017. Los directores del área de control de esos años omitieron por todo ese tiempo emitir los dictámenes sobre la correspondencia.

A mediados de 2019, el mismo contralor Benítez había admitido que en ese entonces solo existían 17 exámenes de correspondencia, sobre un universo de 1 millón de declaraciones juradas.

Durante la gestión del anterior contralor Enrique García, solo se realizaron seis exámenes de correspondencia.

Fuentes de la institución remarcaron que había un precio para que no se den a publicidad los documentos que revelan en casi todos los casos el dudoso origen de los bienes. Ya desde la época del contralor Rubén Velázquez y pasando por la gestión de Enrique García, quienes debieron dejar la institución forzosamente, se hablaba de que desde la Dirección de Rendiciones de Cuentas, que audita municipios y otros órganos descentralizados, se pedía un aproximado de USD 5.000 a intendentes cuestionados a modo de poner “en orden” sus papeles.

La tarifa entonces para blanquear y esconder las declaraciones juradas fue de mucho más valor, según las denuncias. Lo concreto es que bajo ninguna administración en el ente contralor se realizó el análisis de correspondencia como debió hacerse.



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