Oxilia y el profesor Fabián Cáceres (ex gerente técnico de ANDE) pidieron detalles del acuerdo de la tarifa 2022, los gastos de explotación y otras informaciones, consideradas materia prima de los futuros profesionales del Paraguay. La entidad señaló que, por su carácter binacional, no puede informar sin previo acuerdo de las altas partes contratantes.
El experto lamentó la respuesta de la IB y recordó que la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a los directores de entes a proveer información. En efecto, el artículo 2, inciso i) de la norma señala que son fuentes públicas “las entidades binacionales en las que participe” Paraguay, y que los representantes paraguayos de estas reparticiones deberán garantizar el acceso a la información pública de las mismas.
A propósito, la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) demandó a la Itaipú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un caso similar al de los docentes de la UNA, y el reclamo está en estudio.