Consideró que otorgar recursos a los partidos se podría ver como algo controvertible. Apuntó la necesidad de focalizar en la regulación, mejor control y transparencia.
Para el 2020, autoridades del Gobierno pretenden repartir G. 55.741 millones a los partidos políticos, en concepto de subsidio electoral y aporte estatal. Esto a pesar de la recesión económica.
Ibarra consideró que el tema del financiamiento político es algo sumamente delicado y complejo. “No es recomendable tomar decisiones a las apuradas sin más información de las posibles consecuencias”, alertó.
Entonces, indicó que se puede plantear el problema si se trata de una discusión respecto a si los partidos políticos reciben mucho o pocos recursos económicos; además de si estos deben estar adecuados al contexto de nuestro país.
“Es decir, si en momentos de recesión económica los montos pueden reducirse, limitarse o regularse debido a la existencia de necesidades en otros ámbitos (salud y educación). En ese caso la discusión es de grado y es perfectamente debatible”, significó el politólogo.
financiamiento público. Ibarra apuntó que otra discusión muy distinta es si los partidos políticos deben o no recibir fondos públicos. Acotó que prácticamente no hay democracias en el mundo (Suiza y de forma indirecta Italia son la excepción) que no cuenten con financiamiento público.
Además, refirió que en la región únicamente Bolivia y en cierta manera Venezuela no otorgan financiamiento a los partidos políticos.
“El riesgo de dejar a los partidos sin recursos públicos es exponernos en mayor medida a un aumento del financiamiento ilegal y a una mayor desigualdad en la competencia”, aseveró.
Apuntó que la democracia tiene un costo y que el dinero en la política siempre va a existir. “De lo que se trata es cómo regulamos esto y en qué medida hacemos que la competencia sea menos desigual y el financiamiento más trasparente”, refirió.
Sentenció que uno de los objetivos del financiamiento público y de una buena regulación del financiamiento privado es reducir la asimetría en la competencia y mejorar la rendición de cuentas. “Pero para eso hay que controlar los gastos y especialmente el origen de los ingresos privados. Creo que esa debe ser una prioridad, sobre todo teniendo en cuenta el voto preferente”, señaló.
