La diputada Celeste Amarilla declaró ayer en el marco del juicio oral y público contra el senador colorado Víctor Bogado, la supuesta niñera Gabriela Quintana y el ex jefe de gabinete de Diputados Miguel Pérez. La legisladora recordó que Bogado hostigaba a su marido, el fallecido Franklin Anki Boccia, ex director de Itaipú, para la contratación de funcionarios.
“(Anki) me dice una vez: ‘A la cuenta, ya le metí a una, ahora (Bogado) quiere que le meta a otra’. En otra ocasión, me dijo ‘este me va a matar, me amenaza’”, señaló la diputada liberal ayer ante el tribunal.
Agregó que Bogado no solamente llamaba a Boccia para insistirle por la contratación de funcionarios, sino que también mandaba a su secretario Miguel Pérez. “(Bogado) era ‘uno’ de los que le hostigaban con llamadas telefónicas, solamente que muchos eran personas normales, comunes (sic). Era cotidiano en ese tiempo, de gente que le llamaba a pedir trabajo, pero en este caso era el señor Bogado, que era presidente de la Cámara (de Diputados)”, dijo Amarilla.
Recordó que los medios también publicaron que Boccia estaba por contratar a una bailarina por presión de Bogado, pero no lo hizo. “Entendí que eran tres. Me contó varios chismes, que esta chica tenía una relación sentimental con el señor Bogado, pero también con un funcionario de Itaipú, y que el funcionario de Itaipú no quería que entre (...). Incluso así cosas más íntimas que me comentó, creo yo, de la bailarina, había tres en esa cuestión”, precisó.
Amarilla también detalló que para asegurarse de obrar conforme a la ley, Boccia solicitó a Bogado notas sobre los pedidos de contratación, y ahí es donde intervino Miguel Pérez para hacer llegar las solicitudes del titular de Diputados hasta la Binacional.
ACUSACIÓN. Según la acusación fiscal, Quintana era funcionaria de Diputados y fue contratada por la Itaipú el 4 de marzo de 2013, para luego ser comisionada de nuevo a la Cámara Baja, a pedido de Bogado. Celeste Amarilla confirmó que la situación fue efectivamente así. “Incluso en Itaipú había otro procedimiento donde se le preguntaba si tenía otra remuneración del Estado y (Quintana) pasó ese proceso”, expresó sorprendida Amarilla.
Rememoró que, en aquel entonces, su marido se quejó de Bogado porque no le había dicho nada del doble sueldo que recibía Quintana.
Otros que declararon ayer fueron Wildo Almirón, ex asesor jurídico de Itaipú, y Magnolia Mendoza, titular jurídica actual de la hidroeléctrica y esposa del presidente del Congreso, Silvio Ovelar.
Almirón defendió a Bogado y dijo la Ley 700/96, que estipula que los empleados de las binacionales también son funcionarios del Estado, no era aplicable al funcionario de la Itaipú Binacional en su época, porque la Binacional depende de Paraguay y Brasil, pero reconoció que para ello era necesario que un trabajador de Itaipú planteara una acción de inconstitucionalidad contra dicha normativa.
El juicio oral y público continúa hoy, a las 14.00, y los imputados decidirán si declaran o no, para que luego se presenten los alegatos finales.
Fernández dice que el hecho está probado
El fiscal René Fernández señaló ayer que el hecho investigado que envuelve al senador Víctor Bogado “está categóricamente probado”. “Los hechos que han sido sostenidos en la acusación se encuentran sobradamente probados. Hay que recordar que la hipótesis del Ministerio Público hace referencia a un cobro indebido de honorarios y a una estafa, y en ese sentido, además de que hemos probado que efectivamente se dio la doble remuneración respecto a la señora Gabriela Quintana, también se ha demostrado que existieron otras personas, que en este caso son los otros acusados, que en algunos casos actuaron en carácter de coautores o cómplices”, afirmó el agente.