El procedimiento se realizó en busca de pruebas que confirmen o descarten los presuntos hechos de corrupción denunciandos por los concejales colorados cartistas Rodrigo Ariel Miño y Wilson López.
El allanamiento fue encabezado por el fiscal Diego Arzamendia, en conjunto con funcionarios de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, además de la Policía Nacional.
denuncia de concejales. Los concejales habían elevado una denuncia ante el Ministerio Público contra la Gobernación de Caazapá, por haber realizado el pago por la reparación y mantenimiento de unas 22 máquinas que supuestamente no fueron reparadas.
El concejal Ariel Miño dijo que entre los camiones reparados figura una retroexcavadora y un camión volquete de la marca Hyundai que se encuentran en el parque de máquinas viales en estado de abandono.
Además, indicó que la retroexcavadora fue reparada por unos G. 220 millones, mientras que el camión volquete por G. 69 millones, pero ambas máquinas no funcionan, al tiempo de señalar que en la lista también existen más de 10 máquinas que no funcionan.
El gobernador, Pedro Díaz Díaz Verón, señaló a Última Hora que si no fuera por la cuarentena, las máquinas ya iban a estar reparadas totalmente antes de fin de año e indicó que le llama la atención la celeridad con que ha actuado la Fiscalía, por lo que pidió a la fiscala general que tome las medidas que correspondan al caso.
Mencionó que está de por medio un interés político y que los ediles buscan perjudicar su administración, siendo que hay otras autoridades que fueron denunciadas por perjuicios multimillonarios.
Recordó el caso del ex gobernador de Caazapá y actual diputado Avelino Dávalos, quien enfrenta una denuncia por sospecha de lesión de confianza en el periodo 2013-2018, cuyo perjuicio sería de más de G. 192 mil millones, investigación que hasta la fecha sigue durmiendo.
el mantenimiento. El fiscal Diego Arzamendia dijo que la firma MGE es la encargada de la reparación y mantenimiento de las maquinarias, cuya empresa fue adjudicada por más de G. 747 millones, de los cuales ya se ejecutó un 90%, sin embargo los servicios de reparación y mantenimiento no se habrían ejecutado, según refiere la denuncia de los ediles.
Comentó que se incautaron más de cinco cajas de documentos, además de la verificación de las maquinarias en la Gobernación y en el parque de máquinas viales.
El fiscal dijo que en el caso de que se constate alguna irregularidad en la Gobernación, el hecho se calificará como lesión de confianza, sin descartar otras calificaciones que puedan surgir dentro de la investigación.
