Existen una buena cantidad de expedientes de sonados casos de corrupción que siguen durmiendo en los cajones del Poder Judicial. Pese a que algunos casos son más que escandalosos, la lentitud en el tratamiento de los mismos es moneda corriente.
Organizaciones civiles que monitorean los casos afirman que la situación ya se vuelve insostenible porque permanentemente chocan con diversas dificultades para llevar adelante estos procesos.
Además de las constantes chicanas presentadas por las partes afectadas, se sumó ahora una nueva dificultad: la cantidad de magistrados que se encuentran de vacaciones.
“Los procesos penales de corrupción pública viejos van a prescribir o van a extinguirse y los nuevos están corriendo la misma suerte porque cada vez que avanzamos un paso, después presentan una chicana que vuelve a retroceder un montón. La Corte no aplica sanciones disciplinarias, no aplican a los jueces, a los camaristas, no aplican a los abogados defensores que chicanean en forma constante. Está feo el panorama, seguimos insistiendo porque si desaparecemos como grupo quedará como siempre todo en el oparei”, señaló la abogada María Esther Roa, líder de la organización Somos Anticorrupción, que se encarga de seguir de cerca los casos emblemáticos.
Ella también es titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y sostuvo que “hay un contubernio generalizado entre jueces y fiscales y algunos ministros para poder operar a favor de la impunidad en Paraguay”.
LOS CASOS. Por citar algunos de los casos emblemáticos, el proceso del ex gobernador de Villa Hayes Óscar Venancio Núñez, quien es hermano del diputado colorado Basilio Bachi Núñez, se encuentra paralizado porque una magistrada que integra el tribunal de multifuero se encuentra de vacaciones, según los datos que aportó Roa.
La audiencia del ex titular de la Dinac Édgar Beto Melgarejo, quien se encuentra procesado por supuesta sobrefacturación en el caso conocido como tapabocas de oro, quedó suspendida la semana pasada porque el juez penal de Garantías, Miguel Palacios, se encuentra de vacaciones, siempre según los datos que maneja la organización Somos Anticorrupción.
En el caso que compete al diputado colorado Tomás Rivas, procesado por los caseros de oro, tenía que arrancar el juicio oral el pasado miércoles, pero su defensa presentó un certificado de salud, alegando que su defendido padece de una enfermedad intestinal, por lo que el procedimiento quedó suspendido.
El juicio al diputado abdista Miguel Cuevas, procesado por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa, también fue pospuesto con una acción de inconstitucionalidad que planteó su abogado Guillermo Duarte ante la Corte Suprema de Justicia. Un tribunal había rechazado la apelación de la defensa que planteó la nulidad de la acusación y pidió el sobreseimiento definitivo.
El caso del ex diputado Carlos Portillo también se encuentra paralizado desde noviembre del año 2020, y está ante el Tribunal de Apelación de Alto Paraná, pero con chicanas volvió a demorar y paralizar su caso.
En lo que hace al caso de Patricia Samudio, ex titular de Petropar, quien está imputada por las presuntas sobrefacturaciones en la compra de mascarillas y agua tónica, al inicio de la pandemia del Covid-19, la Fiscalía formuló acusación en junio de este año y sin embargo no hizo correr los plazos procesales correctamente. Pese a haber sido acusada el 1 de junio de 2021, el juez Julián López señaló la audiencia preliminar para el próximo 4 de noviembre, fuera del plazo establecido.
Asimismo, el caso que compete a la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod y su marido Javier Zacarías Irún, se encuentra paralizado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Zacarías tiene dos procesos. En una de las causas que fue de lesión de confianza fue sobreseído y la Fiscalía recurrió porque ese sobreseimiento se dio ante el juez Penal de Garantías, que fue confirmado en el Tribunal de Apelación de CDE y ahora está en la Sala Penal. La esposa Sandra no fue sobreseída definitivamente, sino solo en forma provisional. Con relación a la otra causa que es por sus DDJJ, ese expediente está en la Sala Constitucional.