Los alcaldes dijeron en un documento estar preocupados “frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
A su juicio, la “persecución judicial” a la vicepresidenta, que “se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que, bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.
El documento, al que tuvo acceso Efe, está firmado por 509 alcaldes de todo el país y fue difundido cuando está previsto que este lunes se retomen las audiencias en el juicio oral iniciado en mayo de 2019 a la vicepresidenta y se espera que el fiscal Diego Luciani complete su alegato final y probablemente solicite al tribunal la condena de quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015.
En audiencias previas, el fiscal, a quien la defensa de Fernández recusó, ha asegurado que las acusaciones contra la ex presidenta están probadas. En este caso, Fernández está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz. EFE