El exsindicalista Alan Alberto Flores Cabrera, condenado a 7 años de cárcel por el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), comunicó ayer a través de su defensa que pidió asilo político en la Argentina, y que ya se le concedió el estatus de residencia precaria, con lo que no puede ser traído al Paraguay.
El mismo es uno de los 24 condenados que tenían orden de captura de la jueza de Ejecución Ana María Llanes. Su defensora, María José Flores, presentó el escrito donde comunicó que solicitó “asilo político” en la Argentina.
Alega la profesional que el pedido fue caratulado con el número 890837/2011, en la Comisión Nacional para los Refugiados del Ministerio del Interior de Argentina, que el 6 de junio de este año le otorgó el estatus de residencia precaria.
Según la abogada, el pedido obedeció a la “persecución política que sufrió su defendido” como dirigente sindical, y que se quebró “el estado de derecho y se viola el ordenamiento jurídico al perseguir y condenar inocentes”. La utilización del poder con estos fines configura terrorismo de Estado, afirma.
NO SE ENTREGARÁ. En entrevista con radio Monumental, desde Buenos Aires, Alan Flores dijo que no se entregará hasta que los organismos internacionales determinen si es o no un perseguido político.
“Si la Justicia internacional resuelve que soy un delincuente, me entrego. No es que no crea en la Justicia paraguaya. No creo en estos jueces paraguayos”, aseguró a radio Monumental.
Flores señaló que no es la Justicia la que lo perseguía, sino (Aldo) Zuccolillo. Además, culpó al gobierno de Raúl Cubas por el vaciamiento del banco.
EXTRADICIÓN. El fiscal de Asuntos Internacionales, Juan Emilio Oviedo, al ser consultado, señaló que lo que probablemente se pidió fue refugio y no asilo político.
Este último es solo por una persecución política. Alegó que ahora la jueza de Ejecución debía pedir directamente la extradición de Flores, para traerlo al Paraguay para cumplir su pena.
Señaló que en la solicitud de refugio a la Comisión Nacional de Refugiados, el país no tenía intervención, sino que dependía de la Argentina. Incluso, no se podían enviar documentos para probar que fue condenado.
Por otro lado, la jueza Ana María Llanes rechazó ayer la apelación de Carlos Faustino Fleitas contra la captura. Este dijo que había pedido la revisión del fallo, por lo que no podía estar preso. Esto fue rechazado por la magistrada, que concedió la apelación.
LA CIDH ADMITIÓ DEMANDA DE DOS
El 3 de septiembre de 2003, los condenados Reinaldo Barreto Medina y Florencio Florentín denunciaron al Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ser víctimas de la violación a los derechos humanos a raíz del largo proceso al que eran sometidos.
El 22 de julio de 2011, la CIDH declaró admisible la denuncia de los condenados. Con ello, el caso ahora pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, donde será juzgado.
La cifra
120.000
millones de guaraníes es el perjuicio patrimonial al Banco Nacional de Trabajadores, que tuvo que cerrar justamente por el vaciamiento del que fue objeto.