La Corte Suprema de Justicia cuenta con dos nuevos miembros, para suplir las vacancias dejadas por Miguel Óscar Bajar y Alicia Pucheta. Como acostumbran el Consejo de la Magistratura y el Senado, los cupos partidarios se mantuvieron: Manuel Ramírez Candia fue convencional constituyente y miembro del directorio del PLRA, mismo partido al cual pertenece Bajac, en tanto que a Eugenio Jiménez Rolón se lo identifica con la ANR, al igual que Pucheta. Un punto negativo, pero no sorprendente en este proceso, fue la disparidad de género. Con solo dos mujeres ministras, la escasa representatividad que tiene la mitad de la población paraguaya en la máxima instancia judicial es una deuda pendiente.
Los nuevos ministros cuentan con buenos perfiles y, a diferencia de otras ocasiones en las que el Consejo de la Magistratura optó por ternar a candidatos con puntajes bajos, tanto Ramírez como Jiménez obtuvieron excelentes puntajes en el proceso de selección y gozan de buenos perfiles.
En unos días más, en el Consejo iniciarán las audiencias públicas de los más de cuarenta candidatos que buscan remplazar al ministro Sindulfo Blanco, quien en diciembre cumplirá 75 años de edad y deberá acogerse a la jubilación. De esta manera, un fenómeno bastante inusual se producirá a fines de este año: un tercio de la Corte Suprema de Justicia se renovará, sin un juicio político de por medio.
Si bien el Poder Judicial adolece de problemas estructurales, las personas pueden erradicar muchos de los males que hoy atentan contra la Justicia en el país. No todos, pero muchos.
Una de las cosas que los ministros pueden mejorar es la morosidad que afecta a todos los estratos judiciales. Las salas Penal y Constitucional son famosas por cajonear durante años procesos a políticos de peso o funcionarios judiciales de peso. De esta forma se dicta el ejemplo para las instancias judiciales inferiores: la Corte es la primera en hacer caso omiso a los plazos procesales.
Quizás el desafío más grande es librarse de las garras del poder político y ganar, al menos, ciertos atisbos de credibilidad ciudadana. Una reciente encuesta nacional de victimización llevada adelante por el Inecip y la Universidad Nacional de Pilar revela que el Poder Judicial es la institución menos confiable del país. Se trata simplemente del resultado de años de corrupción y tráfico de influencias que hoy resultan ya inaguantables para una sociedad cada vez más intolerante hacia la clase política y los organismos judiciales.
En el área penal, hay mucho trabajo para Ramírez Candia y quien sea que remplace a Sindulfo Blanco en diciembre: el encarcelamiento masivo está llegando a niveles insostenibles y la única solución propuesta por el Poder Ejecutivo es la construcción de cinco cárceles.
Al ritmo en el que vamos metiendo gente tras las rejas, esas nuevas prisiones quizás ya no sean suficientes para reducir el hacinamiento miserable de una población penal que, en su enorme mayoría, no tiene siquiera una condena. Necesariamente habrá que revisar el uso desmedido de la prisión preventiva.
El mero cambio de nombres en la Corte Suprema no será la solución a las dolencias endémicas que hoy padece nuestro Poder Judicial. Sin embargo, los nuevos ministros sí pueden mejorar sustancialmente el sistema de justicia. La primera cadena que deberán cortar será la que los ata a sus respectivos orígenes partidarios. De lo contrario, absolutamente nada cambiará.
