Según la denuncia, la Essap anexó un caño a Aguas de San Lorenzo, mediante el cual le roba gran parte del vital líquido para proveerles a los usuarios de la empresa estatal.
La fiscala Ana Girala imputó al ex titular Sarubbi, bajo la figura de “hecho punible contra el funcionamiento de las instalaciones imprescindibles, perturbación de servicios públicos”.
Según un informe presentado por Miguel Ángel Frutos, de asuntos jurídicos de la Erssan, dijo que se emitió una resolución alegando que esa zona donde ingresó Essap es exclusiva de Aguas de San Lorenzo.
Entre los documentos que fueron anexados al informe se encuentra el de una consultora denominada Ingeniería y Medioambiente Consult SRL, cuyos representantes manifiestan que en sus decisiones finales, que por las características de las muestras de cada una de las aguas estaban constituidas por una mezcla que ronda el 84% de Aguas de San Lorenzo y el 16% de agua tratada del río Paraguay por Essap.
El propietario de Aguas de San Lorenzo, Alberto R. Ortigoza Barrios, ha recurrido a otras altas instancias como Procuraduría General de la República, Fiscalía General del Estado, Presidencia de la República, el presidente del Congreso, el vicepresidente de la República, y el defensor del Pueblo, para tratar de solucionar el grave conflicto, que arroja millonarias pérdidas a la empresa.
Los representantes actuales de la Essap, que están a cargo de Natalicio Chase, aún no intentaron un acercamiento con los afectados para buscar una salida al conflicto.