“Desde que se ha planteado la idea de tercerizar las gestiones inherentes a la Municipalidad de Asunción y sus funcionarios, a través del llamado a licitación del servicio de diseño e implementación de un sistema integral de gestión tributaria y catastral, nuestra posición como Simuca fue contundente: es ilegal e inconstitucional. Hicimos varias denuncias a los entes de control como Dirección Nacional de Contrataciones (DNCP) y Contraloría General de la República, pero estas nunca encontraban irregularidades”, señala parte de la nota remitida al titular de la DNCP.
Según los representantes de Simuca, ahora cuentan con altas expectativas de que se concrete una nueva investigación.
Esto, atendiendo que Contraloría decidió remitir a la Dirección de Control de Contrataciones los antecedentes para analizar la reevaluación del proceso licitatorio, incluyendo la ejecución del contrato firmado.
