Literalmente, un calvario es lo que tuvo que pasar Ródney Javier Bazán (31), de profesión comerciante, desde el pasado 6 de diciembre de 2019 cuando salió sorteado por unos agentes que estaban en una patrullera del Grupo Especial de Operaciones (GEO). El hombre se dedica a la venta de cosméticos con su familia.
Aquel día, Bazán transitaba por una arteria de Pedro Juan Caballero, luego de dejar a su esposa en su lugar de trabajo.
En ese momento fue alcanzado por la patrullera policial, donde estaban los agentes Nelson Solís, Jonny Giménez y Alcides Villa. Los uniformados luego de revisar la camioneta, encontraron un paquete de supuesta cocaína.
Pero luego el dueño del rodado observó que la carpa que cubría la carrocería estaba cortada, dando a entender que presumiblemente uno de los uniformados arrojó la droga en su interior.
En el momento del procedimiento, uno de los agentes le insinuó un arreglo –previo pago de una fuerte suma de dinero– para dejar sin efecto el procedimiento.
Ródney Javier Bazán fue detenido e imputado por el fiscal Antidrogas Marco Amarilla, además de que el juez Cándido Insfrán ordenara su prisión.
Bazán recuperó la libertad 33 días después; en ese ínterin, sus familiares tuvieron que contratar abogados y peritos para defenderse de una gratuita acusación de intento de soborno.
Los peritos observaron una cámara del 911, donde notaron claramente que la carpa de la camioneta no estaba cortada minutos antes del procedimiento de los agentes del GEO.
Unos días atrás, Bazán obtuvo el sobreseimiento definitivo, al mismo tiempo, la fiscala Katia Uemura presentó imputación contra los uniformados y pidió su prisión.
Los agentes se entregaron ayer en una comisaría, y sus abogados presentaron recusación contra el juez Martín Areco, pasando el expediente ante la jueza Sady Estela López.
La citada magistrada hizo lugar al pedido del Ministerio Público y ordenó que los tres suboficiales de la Policía guarden prisión en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero.
La expectativa de pena por tentativa de soborno es de cinco años y por persecución de inocentes la pena va hasta 10 años. M. C.