After office es la nueva costumbre de emborracharse después del trabajo. After Francisco fue el recurso de dejar para después de la visita del Papa el juicio oral y público. El juicio del caso Marina Cué (Curuguaty), que debió comenzar este 22 de junio, quedó para el 22 de julio. El pretexto es que no había ninguna sala disponible. Digo pretexto porque el juicio, que debió comenzar el 17 de noviembre de 2014, se mandó al 22 de junio de 2015; cuesta creer que no hayan podido conseguir una sala en siete meses. Más bien parece que se quiere cometer una injusticia, y se la deja para después de la visita de Francisco, para darle menos notoriedad al entuerto.
Las sospechas comenzaron a partir del 15 de junio de 2012, cuando murieron 11 campesinos y 6 policías en un tiroteo en Marina Cué (Curuguaty). En los medios aparecieron las imágenes de las cápsulas vacías de balas de alta velocidad recogidas en el lugar, y la gente se preguntaba: ¿de dónde sacaron armas de ese tipo los campesinos? Pero resultó que las balas no eran de los campesinos, sino de los policías que allanaron el lugar. Tiempo después, la Fiscalía dijo que las únicas cápsulas recogidas fueron las de las escopetas con que los campesinos mataron a los policías. Sin embargo, está filmado que Julio Colmán entregó las de alta velocidad al fiscal Jalil Rachid.
Las sospechas se mantuvieron. Según informe pericial de la Fiscalía, el 15 de junio se incautaron en el lugar del crimen cuatro escopetas: tres de calibre 28 y una de calibre 20; una sola de ellas disparó. Aunque hubieran disparado las cuatro, son armas de poco calibre y alcance como para explicar tantas muertes. Por otra parte, la Fiscalía no ha probado hasta el momento que ninguna de esas armas hubiera sido de ninguno de los campesinos que ocupaban el terreno fiscal de Marina Cué con apoyo del Indert; ni que ninguno de los campesinos imputados hubiera disparado ninguna de ellas; ni que ninguna de ellas hubiese matado a ningún policía. Ya no lo podrá probar porque no hizo a tiempo ni en debida forma las pruebas de las huellas dactilares ni las de parafina ni las autopsias.
La imputación de 54 personas, todos campesinos y ningún policía, no disipa las dudas. ¿Por qué se los imputó? Porque, según la Fiscalía, sus nombres aparecieron en un cuaderno encontrado en Marina Cué. ¿Dónde está el cuaderno? Oigamos a la Fiscalía: el cuaderno se perdió porque se cayó a un caudaloso arroyo. Yo me pregunto en qué momento copiaron los nombres, porque ningún arroyo pasa por la Fiscalía y, en el lugar del hecho, no hay ninguna Fiscalía donde agregar la prueba al expediente.
No se entiende por qué solamente se imputó a campesinos y no a policías, pero en una cosa le damos la razón al Ministerio Público: no se puede probar que nadie haya matado a nadie. Pero entonces, ¿qué fundamento tienen las acusaciones?
Tomemos el caso Dolores López, imputada porque, según la Fiscalía, “se encontraba con un niño de 3 años en brazos [y] se retiró raudamente de la zona de conflicto”. Como cualquier madre, Dolores trató de salvarlo huyendo cuando comenzó el tiroteo.
Con este tipo de argumentos, se comprende la opción por el after Francisco.