“Lo vimos todo y está en YouTube cómo apagaron el audio cuando se estaba definiendo la terna, y la ley 6299 es muy clara cuando dice que las sesiones del Consejo de la Magistratura en las cuales se trate, delibere y decida sobre la conformación de las ternas de candidatos para integrar la Corte serán públicas, y transmitidas en vivo a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía. Sin embargo, el día que estaban conformando la terna, las deliberaciones no se escucharon y ni siquiera constan en actas, y eso debería llevar a la nulidad de la terna”, dijo.
Recordó que lo mismo ocurrió con la terna de donde fue elegida la ministra Carolina Llanes, ya que tampoco se oyeron las deliberaciones de los miembros del Consejo, violando la Ley 6299/19.
“Cuando estaban evaluando la notoria honorabilidad, que es donde se cocinaron los puntajes, tampoco fue transmitido. Esta vez fueron más mañosos, pusieron las imágenes y cortar el audio en las partes donde ellos intercambiaban opiniones, pero obviamente es una violación a la ley, y esto debe llevar indefectiblemente a la nulidad de esa decisión, eso es aplicar estrictamente la ley, pero obviamente difícilmente ocurra”, dijo.
También rememoró que dicha ley fue la primera que el presidente Mario Abdo Benítez presentó al Congreso como iniciativa del Ejecutivo, inaugurando su mandato, pero que su aplicación y exigencia no está siendo respetada y el caso del Consejo de la Magistratura es alevoso.
Acción. Santagada también señaló que lo sucedido en el caso de la terna de donde se eligió a Carolina Llanes, donde también se ocultó la deliberación de los miembros del CM, fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, pero que la misma “duerme el sueño de los justos”, es decir, nunca resolvió.
Dijo que claramente la Corte no quiere aplicar la ley para no generar una crisis institucional, pero que esta determinación también daña la legitimidad de los procesos.
Examen. “El proceso en sí estuvo lleno de cuestionamientos, empezó con un examen de conocimientos generales que se le tomó a doctores en Derecho, gente que ostenta el más alto grado académico en materia jurídica, y fueron sometidos a la ignominia de rendir en pupitres de escuela... El requisito de la idoneidad técnica que exige la Constitución ya está plasmado en su título, por lo que ese examen fue a todas luces superfluo”, dijo.
Recordó que varios candidatos renunciaron para no ser sometidos a la humillación del citado examen, y ser evaluados por algunas personas que ni siquiera son doctores en Derecho.
Lamento que las normas de transparencia en el país sean las que más tengan resistencia por parte de la clase política y las instituciones públicas.
“Lo vimos todo y está en YouTube cómo apagaron el audio cuando el CM estaba definiendo la terna”. Ezequiel Santagada, abogado del GIAI.