19 abr. 2024

Afirman que corrupción mueve G. 1.500 millones al mes en Tacumbú

La impunidad y los negocios turbios son dos de los principales factores de la crisis penitenciaria. “No es solo el hacinamiento el problema”, dice Olga Blanco, ex directora de Institutos Penales.

1.500 millones de guaraníes al mes es lo que recaudaba el mercado negro en la cárcel de Tacumbú, entre los años 2011 a 2012, cuando se desempeñaba como directora del entonces Institutos Penales la abogada Olga Blanco.

La mujer, que también se desempeñó como directora del penal más grande del país, afirma que la corrupción y –según sus palabras– su concubina: la impunidad, son una de las principales causas de la crisis penitenciaria que atraviesa el país y que no está siendo abordada por las autoridades, que se enfocan solamente en la superpoblación, anunciando la construcción de cárceles.

El monto que da la ex funcionaria se deduce de los negocios ilícitos como pagos por privilegios, a ser: alquiler de celdas vip, venta de drogas en el interior del penal, alquiler de habitaciones para las visitas privadas y otras.

“Acá nos cobran por todo. Ya me cansé de pagar 20.000 guaraníes al guardia para no tener que esperar tanto en la fila”, expresa Lourdes Espínola, enojada. La mujer, que tiene a su marido preso en el penal más grande del país, revela una de las tantas formas en que se fomenta la corrupción en el penal, donde guardiacárceles, supuestamente, cobran un dinero a los visitantes para ingresar de forma más rápida.

También se habla de que los funcionarios cobran a los internos para poner el visto bueno en la llamada de lista que se realiza todas las mañanas, así como por las camas y colchones.

El ingeniero Osvaldo Arias, que estuvo recluido en Tacumbú, confirma que existe una tarifa establecida para acceder a los sectores más privilegiados del penal. “Los pabellones vip tienen un costo de 25 millones de guaraníes, luego hay un costo semanal que varía entre 1 y 5 millones de guaraníes, dependiendo del caso, ese pago incluye poder llevar parejas y amigos en días no establecidos”, mencionó en una declaración anterior.

En el año 2016, se descubrió una lujosa celda vip que ocupaba Jarvis Chimenes Pavão, quien fue extraditado al Brasil por delitos relacionados al narcotráfico. El hombre gozaba de privilegios como baño privado y una suite lujosamente equipada con televisores plasma, aire acondicionado y otras comodidades.

El PCC. En opinión de Olga Blanco, este marco de impunidad y de corrupción fue el terreno más fértil para la propagación de grupos criminales como el Primer Comando Capital, que fue ganándose lugar a fuerza de sobornos. “Nos vendemos demasiado barato, por 100 dólares ya baila un mono”, explica.

La ex funcionaria penitenciaria menciona que desde el 2009, el grupo criminal brasileño viene realizando un trabajo de hormiga para establecer una red delincuencial en el país y que comenzó haciendo un tour por distintas penitenciarías del interior, comenzando por Ciudad del Este, para ganar adeptos.

“El PCC estaba en una fase de armarse y de reclutar, no estaba en una fase violenta. La aparición del clan Rotela les obligó a realizar estas acciones violentas”, explica, refiriéndose a lo ocurrido en el penal de San Pedro, donde un total de diez reclusos fueron asesinados y más de una docena resultaron heridos, durante un enfrentamiento entre reos que responden al grupo criminal brasileño y a los paraguayos del clan Rotela.

Critican otra debilidad: La mora judicial
“Ni el Poder judicial, con la mora judicial, ni el Poder Ejecutivo, con inversión en el esquema penitenciario, hacen nada para cambiar la situación de crisis”, opinó el abogado José Casañas Levi, quien también se refiere a la necesidad de una solución de fondo. Cecilia Pérez, que en el anterior gobierno se desempeñó como viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, explicó que es urgente modificar la Ley 4431/11, a la que considera inconstitucional y que solo carga a las penitenciarías, contribuyendo así a la superpoblación, situación en la que se encuentran la mayoría de los centros penitenciarios del país.
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, admitió la responsabilidad del Poder Judicial en el marco de la crisis penitenciaria cuando se habla de mora judicial. El 76% de los presos están sin condena y esa es la principal causa de hacinamiento en las cárceles.