La información fue expuesta por la DNA en su cuenta oficial de Twitter; mientras que el Viceministerio de Comercio y Servicios en su momento le había negado la licencia previa de importar las varillas a Casa Península, propietaria de la carga.
La denuncia se basa también en que la garantía para el retiro de las mercaderías debía cubrir los tributos aduaneros y el valor de las mismas, algo más de G. 2.525 millones, y que en ningún caso el Código Aduanero establece como opción la caución personal.
Recordemos que tras una denuncia del propio titular de la UIP, Enrique Duarte, sobre la liberación de una carga de varillas, por parte de un juez; el mismo magistrado había decidido revocar su propia decisión y determinó que no se liberara esa carga, que había sido declarada como contrabando.
De acuerdo con el oficio N° 932 del 29 de diciembre del año pasado, el juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral del cuarto turno de Presidente Hayes, Carlos Lezcano, revocó el auto interlocutorio N° 308 del 21 de diciembre anterior, según informaciones.
En esta anterior resolución, se decretó el secuestro de un contenedor con 953.765.000 kilos de varillones de acero, los cuales están depositados en el Puerto San José – Empedril SA.