Según la DNA, este nuevo sistema se encarga de gestionar de manera integral la información sobre diversos riesgos aplicando técnicas que pueden seleccionar científicamente las cargas de alto riesgo, lo que constituye un avance importante en la administración aduanera.
La incorporación de esta nueva tecnología tiene como objetivo mejorar la completitud del sistema de gestión de riesgos mediante la comprensión de los problemas que se presentan en el uso del sistema de gestión de riesgos durante el periodo de prueba piloto, lo que permitirá arbitrar las soluciones pertinentes.
“Buscamos mejorar la eficiencia en los controles y facilitar el comercio”, destacó el director nacional, Julio Fernández Frutos.
Asimismo, este sistema piloto brinda la oportunidad para que los usuarios de la Dirección de Fiscalización de la Aduana se familiaricen con las funciones del nuevo y moderno sistema de gestión de riesgos, con el objetivo de detectar eventualmente problemas y/o propongan mejoras con el propósito de aumentar la integridad.
La implementación de dicho sistema se realiza en el marco de un programa de modernización de la DNA. El mismo cuenta con el apoyo de un crédito no reembolsable de USD 11 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koika), con lo que la institución aduanera apunta a convertirse en una de las más modernas de la región.
La prueba del sistema se extenderá hasta el próximo 27 del mes, una vez finalizada, a partir de abril de este año la Dirección de Fiscalización de la DNA implementará el nuevo sistema de gestión riesgos de forma permanente.
Los trabajos de modernización comprenden la incorporación de equipos, software y capacitación profesionales a funcionarios de Aduanas en Paraguay y en Corea del Sur.
El proyecto en marcha se denomina Modernización de Despacho Aduanero y Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección General de Aduanas de Paraguay, para lo cual fue contratado vía licitación a la empresa Korea Trade Network, que tendrá a su cargo la administración general del proyecto. El mismo tiene como objetivo a largo plazo el crecimiento económico sostenible y prevenir la corrupción.
En tanto que el objetivo a corto plazo es asegurar los fondos públicos estables conforme al aumento de tarifas e impuestos.