Documentos que acompañaron la denuncia presentada ante el Ministerio Público por supuesto tráfico de influencias, a fin de ubicar a funcionarios en altos cargos, como también para intervenir en el caso de una carga de electrónicos que fue declarada de contrabando, fueron presentados ayer en conferencia de prensa por el director de Aduanas, Julio Fernández.
Las evidencias muestran las conversaciones vía WhatsApp entre ambos, pero que para Arévalos no se constituyen en tráfico de influencias y tampoco el hecho de haber consultado sobre qué pasó con una carga decomisada.
En una de las capturas se lee cómo el legislador “aboga” para que el funcionario Miguel Ángel Medina pase como administrador de la Aduana de Puerto Algesa, de Ciudad del Este (ver facsímil de la página).
En conversación con ÚH, el titular de la DNA señaló que ahora todo queda a cargo de la Fiscalía investigar y también va a pasar la denuncia a la Secretaría Anticorrupción (Senac) y al Congreso con las mismas documentaciones.
Sostuvo que es un caso que puede tornarse de tinte político, pero “la verdad es que la denuncia la hice en el contexto de la justicia”.
Señaló que las personas por las cuales operó el legislador para que sean ascendidas siguen en sus puestos, pero no como administradores. “Este es uno de los casos más alevosos en el sentido de la insistencia. Es por eso que estamos actuando y no podemos dejar que gane la presión”, afirmó.
ALECCIONADOR. Consideró que esto será aleccionador y que puede ayudar a que no se repita. A su vez, indicó que antes de presentar la denuncia le envió un mensaje al presidente Mario Abdo Benítez. “Le expliqué bien que es una situación comprobada y que ya no podíamos parar. El presidente me preguntó si estaba bien documentado y seguro de lo que estaba haciendo, ahí terminó. Seguramente posteriormente voy a tener un diálogo. Lamento que esto vaya a generar una tormenta política, pero no es la intención”, enfatizó.
Durante la conferencia de prensa, el director de Aduanas precisó que los mensajes están autenticados por escribanía, puso a disposición el celular ante la Fiscalía y entiende que también debe pedir para hacer el peritaje del celular del legislador.
Admitió que esta denuncia podría costarle el cargo a Arévalo, pero insistió en que no es su intención dañarlo, sino dejar “un legado de institucionalización de Aduanas, pero creo que el costo de la pérdida de investidura es mucho más bajo que los beneficios de la institucionalización”.
Sobre el punto, recordó que acaban de recibir la certificación de legalidad y han recuperado la confianza del Gobierno de Estados Unidos y también de organismos internacionales como el FMI, Koica, entre otros.
Igualmente, aclaró que no sabe quién es Bernardo Villalba (sucesor eventual de Arévalo) y que en ningún caso accedió a los pedidos que realizó Arévalo, quien quizás “por eso se molestó”, añadió el titular de Aduanas.