La Junta Asesora y de Control de Gestión de la institución agraria ahora debe analizar qué hacer con la obra por la que ya se pagó casi 400 millones de guaraníes, del costo total de G. 663.790.000.
Al momento de la construcción del sistema de agua, pesaba sobre el terreno una medida cautelar de no innovar.
Una asociación reconocida por el Indert como dueña del campo comunal había promovido un interdicto de recobrar la posesión contra poco más de 15 familias campesinas que a principios del año pasado invadieron el terreno. Hace unos meses, los invasores fueron desalojados y los asociados pudieron disponer nuevamente del campo comunal.
La firma que construyó el pozo en el lugar es Bom Par Construcciones, del presidente de la Junta Municipal de Santaní, el colorado Víctor Niz Ayala.
Cárdenas reconoció que fue un error la construcción del sistema de agua en el lugar, ya que no se tuvo en cuenta que las tierras estaban judicializadas, pues quienes iban a ser beneficiarios terminaron siendo desalojados.
“Fue un error no haber instalado en un lugar donde se tenía la seguridad y la certeza de que se iba a quedar esa gente ahí”, reconoció.
“Es un problema que yo tengo que asumir la responsabilidad y eso lo hago sin haber sido yo el funcionario que informó. Me tenía que haber informado que esas tierras estaban judicializadas y que finalmente era un campo comunal”, agregó.
No obstante, afirmó que ese sistema de agua podría beneficiar a gente que reside en los alrededores, o bien, se podría trasladar a otra colonia.
“Ambas opciones no demandarán costo alguno porque se ha cometido un error acá (...)”, aseguró el funcionario.
De oficio. Para el fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, lo ideal hubiese sido que la Contraloría audite todas las obras de pozos de agua del Indert. “Yo voy a ver cómo encaramos el tema, porque eso nos va a ayudar mucho”, expresó el agente del Ministerio Público.