La siderúrgica Aceros Paraguayos (Acepar) empezó a andar un camino plagado de conflictos, luego del inicio de su privatización en 1997, bajo el gobierno de Juan Carlos Wasmosy.
La empresa Cerro Lorito, del empresario argentino Sergio Taselli, era propietaria del 66,6 por ciento de las acciones y la Cooperativa de Trabajadores Cotrapar del 33,4 por ciento.
No se llegó a concretar el pago de la última cuota de 5 millones que debían ser abonados al Estado por parte de la empresa. Luego, Acepar cayó en sucesivos problemas de administración y conflictos laborales.
En el 2014, ya en el gobierno de Horacio Cartes, la siderúrgica quedó bajo administración de un interventor judicial. En ese tiempo la planta estaba parada, sin stock ni productos terminados, además sin recursos en caja y saldo rojo en bancos por casi 1.000 millones de guaraníes, sin derecho a cobrar clientes, además de impuestos retenidos por Tributación, deuda de 20.000 millones de guaraníes con la ANDE y al IPS por 280.000 millones de guaraníes, entre otros. En la convocatoria de acreedores quedó finalmente un pasivo final de alrededor de USD 50 millones, fuera de lo que se reclaman por otras acciones judiciales. Se sigue esperando que una instancia arbitral sea integrada y defina si las acciones vuelven al Estado.