De acuerdo con la publicación hecha por la institución dependiente del Ministerio de Hacienda días pasados, se detectó que unas 144 hijas solteras de militares que supuestamente no contaban con medios propios de subsistencia, en realidad, tenían jugosos salarios del Estado y algunas hasta eran jubiladas de la propia Caja Fiscal.
En esta lista se encontraban, por ejemplo, una funcionaria de la Cancillería, quien tenía ingresos mensuales que llegaban a los G. 73 millones; una ex diputada por el Partido Colorado con un sueldo de G. 16 millones también en la Cancillería; e incluso una ex Miss Paraguay que gana mensualmente G. 12,5 millones en el Poder Judicial.
Pero, aparentemente, esto es apenas el inicio.
Las autoridades han informado que están en la mira otras herederas de militares registradas como contribuyentes ante el Fisco y con RUC al día, las que podrían desarrollarse como empresarias o incluso como trabajadoras independientes, moviendo gran cantidad de dinero. También están bajo la lupa una cantidad considerable de jubilados que accedieron al retiro por supuesta invalidez, los que, al parecer, fraguaron su diagnóstico solo para recibir el beneficio estatal.
Estas situaciones no son más que el reflejo del añejo prebendarismo y la corrupción que contaminaron al Estado y que debilitaron tanto a las instituciones. Evidentemente, estos lamentables esquemas fueron creados y sostenidos a lo largo del tiempo por personas, principalmente del sector político, que solo ven a las entidades públicas como instancias para robar y enriquecerse rápidamente con dinero fácil, esquemas totalmente alejados del rol de servicio a la gente y de garantía que deben ser las entidades para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.
Los abusos que se cometen con el dinero público son cada vez mayores, y en esta era de la transparencia, la tecnología y las redes sociales, tarde o temprano salen a luz. Es impostergable que esta depuración de pensionados y jubilados que roban al Estado se profundice y, por sobre todo, tenga el acompañamiento de los líderes del país.
En poco menos de un mes, el 1 de enero del 2020, entra en vigencia la nueva ley de simplificación del sistema impositivo, más conocida como la reforma tributaria. Esta normativa trae una serie de nuevas imposiciones para sectores de altos ingresos y, a la vez, reduce el margen de elusión (deducciones legales) que realizan los mismos para reducir la carga impositiva.
Se espera que esta nueva legislación traiga más justicia tributaria, en el sentido de que el que más dinero genere a partir del aprovechamiento de la riqueza paraguaya, más aporte al Fisco, porque se supone que el Fisco redestinará ese dinero a las prioridades públicas: Educación, salud, seguridad, servicios básicos e infraestructura, por citar algunas.
Sin embargo, si el despilfarro sigue sin freno, no solo se corre el riesgo de desfinanciamiento de los programas prioritarios, sino que se estaría desalentando el pago de impuestos y se estimularía la informalidad. ¿Quién querría seguir aportando todos los meses si ve que ese dinero va a millonarias hijas de militares, en salarios de operadores políticos inútiles o incluso en planilleros?
El uso correcto del dinero público es una materia pendiente que las sucesivas administraciones no han podido implementar, pese a la cada vez más exigente masa electoral.
Una buena señal sería que, en los casos citados en los primeros párrafos, las investigaciones que realiza la Caja Fiscal puedan traducirse en causas penales. Si estas situaciones quedan nuevamente en el oparei, volverá a triunfar el sistema clientelista. El clima social ya caldeado y fastidioso, solo necesita un empujoncito para estallar. Quizá no sea este el caso. O quizá sí.
