Uno de los abogados que representa al prófugo Víctor Hugo Mena, administrador del puerto de Santos, Brasil, confirmó ayer a ÚH que evalúa la posibilidad de solicitar un procedimiento abreviado al fiscal Arnaldo Giuzzio. Incluso, ya hubo sondeo verbal. Con ello, aceptaría los hechos, ya que es condición del procedimiento abreviado.
Adolfo Marín, quien junto con sus colegas Javier Coronel y Mílner Núñez representan a los prófugos, el ya citado Víctor Hugo Mena, y Carlos Sosa, administrador del puerto de Villeta, señaló que pondrá a disposición a sus clientes en la causa que investiga el presunto soborno agravado denunciado por Albino González, titular de Puertos.
Marín refirió que está evaluando la posibilidad de un procedimiento abreviado para Víctor Hugo Mena, aunque reconoció que no existía nada en forma escrita con el fiscal de la causa, Arnaldo Giuzzio. Este sería en definitiva el que deberá avalar el pedido de la defensa en caso de darse.
El procedimiento abreviado es una figura procesal por la cual el encausado reconoce los hechos que se le imputan y, en contrapartida, el fiscal solicita una menor pena al juez. Normalmente, se piden dos años de cárcel, con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Con ello, el procesado hace alguna donación, entre otras cosas.
SU PROCESO. En el caso de Víctor Hugo Mena, fue filmado cuando entregó la suma de 3.100 dólares. Incluso, según la imputación, le contó con lujo de detalles al titular de Puertos, Albino González, cómo se hace la repartición del dinero.
Alegó que “se cobran 350 dólares para dar el visto bueno al conocimiento de embarque. 150 dólares es para el presidente. 100 dólares para el delegado administrador. 30 dólares para un tal Felipe, que reside en la ciudad de Santos. 20 dólares para el jefe de Operaciones, Pedro Coronel; y 30 dólares para un tal Céspedes, cuñado del presidente saliente”.
Según afirma, Víctor Hugo Mena le dijo también: “Hay un tal Soto, pariente de Carlos María Santacruz, quien tiene el cargo de subadministrador, pero nunca aparece por allá, por eso no está incluido en la nómina de cobro”. Todos estos dichos filmados con orden judicial influenciaron en pensar en el proceso abreviado.
OTRO PRESO. Por otro lado, ayer se puso a disposición del fiscal el procesado Wladimir González, administrador del puerto de Sajonia, quien, según el acta de imputación, había entregado la suma de G. 500.000, el 1 de setiembre.
El encausado prestó declaración indagatoria ante el fiscal Giuzzio. Repitió la versión ya dada por Julio Silva -administrador de Itá Enramada, ya en prisión-, de que fue inducido por el presidente a llevarle el dinero, durante una reunión que se realizó el 25 de agosto pasado.
Señaló también que el día del operativo no estaba en su lugar de trabajo porque fue al dentista. Afirmó que no pidió permiso, sino que solo asistió. Tras la declaración, fue derivado a la Comisaría 8ª Metropolitana. Esta mañana, será presentado ante el juez de la causa, Óscar Aníbal Delgado.
SE PRESENTARÁN HOY
Los abogados de los prófugos Blas Pereira Rodi, administrador de puerto Falcón, y José Martínez, del puesto de Control Campestre, de Ciudad del Este, habían señalado que los mismos se presentarían ante el fiscal Giuzzio ayer.
Sin embargo, al final, José Lima Torres, que representa a Pereira, apuntó que recién esta mañana lo iba a poner a disposición del fiscal, porque estaba buscando documentos. Según dijo, Giuzzio ya lo investigó por enriquecimiento ilícito, pero se pidió su sobreseimiento.
Por su parte, el abogado Édgar Sosa, que defiende a Martínez, apuntó que su cliente se encontraba enfermo. No obstante, ya esta mañana se presentaría ante el fiscal. Otro que se puso a disposición fue Carlos Villamayor, a través del abogado Rafael Fernández. También están los defendidos por el abogado Adolfo Marín.