El abogado Alfredo Estigarribia López, quien pide la pérdida de investidura de la diputada Rocío Vallejo, indicó que la legisladora hizo alusión a la masonería cuando fue consultada por los medios sobre las modificaciones que se plantean al Código Procesal Penal.
En su pedido, Estigarribia señaló que Vallejo citó como causales de recusación de fiscales y jueces, la pertenencia a sociedades secretas difíciles de identificar, lo cual el abogado interpreta como las logias masónicas.
Al respecto, la diputada Vallejo señaló que no es la proyectista de ese punto y que el mismo fue incluido en el periodo pasado cuando el presidente de dicha comisión era Enrique Kronawetter, quien sigue presidiendo dicha comisión interinstitucional.
“Es el resultado consensuado de la comisión anterior de la cual yo no formaba parte y es algo que está siendo estudiado. Si ahora vamos a perder la investidura por trabajar, sería el colmo”, respondió la legisladora.
Estigarribia indicó que presentó el pedido como “un ciudadano elector con múltiples prerrogativas” y que no lo hizo en representación de la masonería.
“Se trata de una cuestión importante y el derecho de peticionar tiene un plazo de 30 días para ser respondido por las autoridades, de lo contrario se tiene por desestimado”, mencionó, señalando que esperará que la Cámara Baja evalúe su solicitud.
Añadió que debe analizarse porque las cuestiones que plantea “tienen que ver con el estado republicano, tiene que ver con las garantías constitucionales. No es poca cosa”. Aseveró que “las minorías se convierten en turbas y atacan a jueces”.
Dijo también que la acción que llevó adelante es “para pacificar al país”.
El inciso del artículo 50 en discusión señala específicamente como causales de recusación: “Pertenecer a cualquier grupo, cuya actividad no pueda conocerse fácilmente por la sociedad y afecten o comprometan su independencia o imparcialidad, fehacientemente comprobada”.
Para el denunciante “es una barbaridad lo que hacían en la comisión”. Dijo que a su criterio, la comisión de Reforma Penal responde a intereses de grupos o facciones que detentan el poder en diferentes áreas.
