La Constitución Nacional prohíbe la prisión por deudas, salvo aquellas provenientes del incumplimiento de la asistencia alimenticia o el cambio de las multas por cárcel. Sin embargo, proliferan casos en los que se denuncian ante la fiscalía las deudas impagas bajo la figura de estafa, para acelerar el cobro de la deuda.
Según la denuncia del abogado Ariel García Burgos, un cheque rechazado por inhabilitación del titular para operar cuentas corrientes, presentado en Asunción, fue denunciado como estafa ante el fiscal de Ciudad del Este, Horacio Bisso, quien imputó por estafa.
El denunciante señaló que se hace pasar como penal un caso civil, para de ese modo obligar al deudor a pagar la deuda, siendo que la prisión por deudas está prohibida.
EL CASO. En diciembre del 2011, Carlos Javier Álvarez Silva denunció por estafa y lesión de confianza a Juan Tomás Giménez. Dijo que realizó una “transacción comercial” con el denunciado el 14 de diciembre del 2011.
Afirmó que le hizo efectivo un cheque por 180 millones de guaraníes, con toda confianza, sin ningún tipo de interés.
Refirió que luego fue hasta la firma Visión Banco, donde grande fue su sorpresa al presentarse en ventanilla y le sellaron el cheque con la inhabilitación para operar con cuenta corriente, y que la cuenta luego sería cancelada.
Alega que luego le informaron que Giménez se “dedica a estafar a la gente”, por lo que solicita la investigación.
El 29 de diciembre, el fiscal Horacio Bisso, citó a testifical al denunciante. El 8 de marzo del 2012, Giménez fue imputado por estafa. Alega que el hecho ocurrió en Ciudad del Este.
La imputación apunta que con el informe del banco se constató que Giménez tenía inhabilitación para operar al registrarse rechazo de cheques por insuficiencia de fondos.
Pide 3 meses para investigar y medidas alternativas. La imputación fue admitida por el juez César Níder Centurión, de Ciudad del Este.
DEFENSA. El defensor, Ariel García, esgrime que su cliente libró el cheque el 14 de diciembre del 2011, pero recién el 25 de diciembre del 2011, se le comunicó vía telegrama colacionado, que estaba inhabilitado. Es más, la publicación se hizo el 14 de enero del 2012.
García remarca que Giménez no conoce a Álvarez porque nunca hizo transacción comercial alguna con este. Es más, alega que no hay testigos en la investigación, y que el cheque fue presentado en la sucursal de Visión Banco de Villa Morra, en Asunción.
Planteó la incompetencia de jurisdicción ante el juez ya que el cheque fue presentado en Asunción, y que se trataba de un caso civil, pero el magistrado Centurión rechazó el pedido de la defensa.
Alega que este tipo de documentos debían ser cobrados por vía de los juzgados civiles, pero se denuncia por estafa para tener “cobro de guaraníes express vía penal”.
LESIÓN DE CONFIANZA Y APROPIACIÓN
El artículo 13, de la Constitución Nacional señala: “De la no privación de libertad por deudas. No se admite la privación de la libertad por deuda, salvo mandato de autoridad judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como sustitución de multas o fianzas judiciales”.
No obstante, según los abogados, se presentan denuncias por estafa, lesión de confianza, o por apropiación, por contratos civiles que deben ser cobrados en esa jurisdicción, a través de juicios ejecutivos.
“Mi cliente compró un vehículo a cuotas, y no pudo pagar más la tercera cuota. Al final, lo denunciaron ante la fiscalía por apropiación, cuanto que es incumplimiento de contrato”, afirmó un abogado identificado por ÚH, pero que prefirió mantener en reserva su nombre porque debe seguir gestionando sus casos.
También se habla de la figura de lesión de confianza por deudas impagas. Con ello, lo que se busca es el cobro compulsivo de la obligación a través de la Fiscalía Penal.
Los abogados hablan también de una rosca fiscal, que trabaja con los denunciantes, ya que los agentes plantean imputaciones contra deudores.
El caso es que una persona que es imputada, normalmente busca una salida negociada, por lo que hace cualquier cosa por no tener causa penal o no ir a la cárcel.
Las denuncias hablan de que lo que se hace es prácticamente obligar por la vía penal al deudor a pagar. Con ello, se criminaliza una cuestión civil, denuncian los profesionales.
“TENGO QUE IMPUTARLE PARA OBTENER MEDIDAS CAUTELARES”, ALEGA AGENTE
El fiscal de Ciudad del Este, Horacio Bisso, explicó que no tiene ningún juicio oral de estafa por cheques, pero alega que “tengo que imputarle para tener medidas cautelares”.
Ante la consulta sobre el caso concreto, apuntó: “Naturalmente, creo que el denunciante esto es lo que pretende (cobrar la deuda). Tenemos que darle entrada y si hay conflicto de competencia, incluso se puede proceder a remitir al lugar del hecho”.
Añadió que existen muchos factores para determinar la competencia. Explicó que puede ser el lugar donde se pactó el acuerdo y otro donde se intentó cobrar el cheque, que puede ser en cualquier sitio, pero lo que se ve es el lugar donde se produjo el hecho, y es el juez o el tribunal son los que determinan.
Con respecto a que se usa a la fiscalía para cobrar las deudas, afirmó que es cierto que en la mayoría de los casos, los denunciantes pretenden constreñir a una persona que pague, pero aclaró que no tenía ni un solo juicio oral de estafa por cheques. Dijo que era muy estricto con respecto a los factores para que se configure la estafa.
Ante la consulta del caso de Juan Tomás Giménez, a quien imputó, acotó que tenían que procesar todas las denuncias y que se imputaba para poder tener medidas cautelares.
Se le preguntó si con la imputación no se constreñía al deudor, reconoció que toda imputación era constreñir a una persona a algo, pero que tenía que imputar para obtener medidas cautelares. Aclaró que evalúan todos los casos, y que un cheque rebote no es necesariamente estafa.