Afirma que había acta de procedimiento y que todo se hizo en el marco de la ley, indicando que la supuesta víctima contaba con orden de detención.
La mujer recalcó que la persona afectada, que supuestamente fue privada de su libertad de forma irregular, contaba con orden de captura y que los intervinientes la abordaron durante un control de rutina.
Sin embargo, admitió que la oficial Núñez ya tenía conocimiento previo de la situación legal de Johana Riveros, la afectada, ya que un día antes había recibido una denuncia por parte del empleador de la misma.
La representante legal afirmó que el agente del Ministerio Público no obró correctamente cuando dijo por los medios que su hija solicitó G. 3 millones para dejar libre a la mujer. “Fueron manifestaciones vertidas por el señor agente fiscal de forma irresponsable y faltando a la verdad, hechos que nosotros como defensa técnica negamos categóricamente”, explicó la mujer.