Las obras de infraestructura educativa en casi 80 instituciones del interior que debieron culminarse antes de la pandemia del Covid-19, dos años atrás, siguen en suspenso mientras el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) busca adjudicar a una nueva empresa, tras el fiasco con la constructora Eisa SA, cuya propiedad –según fuentes del sector– es de amigos cercanos del vicepresidente y candidato presidencial, Hugo Velázquez.
Las clases comenzaron el 21 de febrero y culminan en poco más de tres meses, el 30 de noviembre próximo.
El proceso judicial con la compañía privada continúa su trámite burocrático, pero la cartera ya obtuvo carta blanca para volver a licitar y está en proceso de evaluar las ofertas de las 19 constructoras que se presentaron.
En el 2019 este diario publicaba que el propietario de Eisa, Alberto Palumbo, y su representante legal, Felipe Nery Huerta, tendrían relacionamiento cercano con Hugo Velázquez. Ninguno de los dos empresarios desmintió ni confirmó estas versiones. No respondieron ante las consultas que se realizaron desde ÚH.
“La parte judicial sigue su curso. No tengo los detalles. Pero la situación legal nos habilitó para el desarrollo del proceso licitatorio”, comentó Zoilo Benítez, director de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del MEC (UEEP).
La unidad se encarga de gerenciar parte de los recursos de Fondos de Excelencia que van destinados al sector educativo.
PROCESO. La nueva adjudicación alcanza la cifra de G. 23.669.096.591, casi USD 3,5 millones al cambio actual. Además, la empresa Estructura Ingeniería (Eisa SA) cobró como anticipo G. 6.400 millones que el MEC aguarda recuperar en este proceso.
La denuncia de los asesores jurídicos del ministerio se presentó el 20 de enero pasado, donde indicaron que de las 79 obras, 44 ni siquiera cuentan con palada inicial.
DENUNCIA. El gremio de directores de instituciones educativas públicas presentó un reclamo formal ante la Fiscalía de Delitos Económicos para que investiguen el caso contra la firma Eisa. Más allá del proceso judicial, no se conocen avances del Ministerio Público.
“Acá lo que se discute es el fondo de la cuestión, que son los niños. Qué culpa tienen los estudiantes de que ellos no hayan cumplido”, apuntó el titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos.
Los trabajos no ejecutados afectan a 24.000 niños, niñas y adolescentes que no iniciaron las clases en lo que debieron ser sus nuevas aulas.
De acuerdo con datos del Observatorio Educativo Ciudadano, 6 de cada 10 instituciones educativas requieren de reparaciones o construcciones de salas de clase, sanitarios, pasillos y espacios para oficinas administrativas.
REPOSICIÓN. Gremios de docentes exigieron la semana pasada al MEC y a Hacienda G. 230.000 millones de presupuesto para infraestructura escolar para el año entrante. Aseguraron que se trata de una restitución aparte del tijeretazo que recibió el sector con la excusa de la pandemia durante los años 2020 y 2021. Exigieron igualmente otros G. 120.000 millones en concepto de gratuidad que tuvieron recortes en el mismo periodo. Seguimos dando clases en los pasillos, seguimos con letrinas. Seguimos en las mismas con estas autoridades”, aseguró Miguel Marecos.
