A pedido de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, se suspendieron los trámites del juzgamiento de las cuentas de la citada Municipalidad correspondiente al ejercicio del 2017.
Con ello, ahora, la Contraloría General de la República podrá acceder a los documentos respaldatorios del ejercicio 2017 de la Comuna esteña.
La suspensión de los trámites de juzgamiento se da luego de la resolución de ayer del magistrado Arsenio Coronel, que se hace bajo responsabilidad de la jefa comunal.
La medida se da hasta tanto se formalice el convenio de trabajo entre la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República.
Además, dispuso que los documentos de respaldo de la rendición de cuentas remitida por la Comuna esteña estén en custodia de la Fiscalía de Cuentas del Primer turno, ejercida por el fiscal de Cuentas Jorge Salinas.
La resolución deberá ser notificada a la intendenta McLeod, con lo que ahora pararán el estudio de los documentos que realiza el fiscal de Cuentas.
CORTE. Hay que señalar que la Corte aclaró que no existía prohibición alguna para que la Contraloría realice la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Ante esto, la Contraloría señaló que el Tribunal de Cuentas no quería proveer los documentos originales para que ellos pudieran examinar la documentación.
Sin embargo, fue el magistrado Arsenio Coronel el que aclaró que la ley le prohibía al Tribunal de Cuentas dar la documentación original. Con ello, señaló que podían dar las copias autenticadas a la Contraloría.
Ahí se anunció que iban a firmar un convenio entre la Corte y la Contraloría para trabajar conjuntamente sobre estos puntos.
Después hubo la intervención de la Contraloría, luego de que no hubiera excusa alguna para el contralor José Enrique García.
Con ello, se intimó a la Intendencia a entregar los documentos para el estudio de las cuentas.
Fue a raíz de estos hechos que se suman a que la intendenta Sandra McLeod de Zacarías haya pedido finalmente la suspensión de los trámites en el juicio en lo contencioso-administrativo.
Con la resolución de ayer, la Contraloría finalmente podrá acceder a la documentación original, con lo que hará la revisión de la cuestionada jefa comunal.