Según la denuncia hecha el pasado 30 de agosto, Vargas refería que no sabe a dónde se destinaron las sumas cobradas a alrededor de 4.000 personas consideradas como objetores de conciencia.
Expresó que el Ministerio Público ya cuenta con las respuestas de todos los informes hasta ahora requeridos y que, según indagó, hasta la semana pasada el ex defensor aún no fue citado a declarar.
“El fiscal (Jorge) Arce había pedido informes a muchas instituciones, y dijo que podría ampliar la investigación, y días después le excluyen al fiscal. Que haya resuelto reasignar a un tercer o cuarto fiscal es llamativo”, expresó la denunciante.
Vargas explicó que la fiscala Victoria Acuña dijo que no se tienen las ubicaciones de los objetores de conciencia. “Es decir que ella considera que necesita citar a las 2.000 (objetores). Están las boletas de depósitos, las direcciones tiene la Defensoría del Pueblo, en la Dirección de Objeción de Conciencia, puede requerir y allanar”, dijo.
DILATACIÓN. Se mostró preocupada debido a que cada vez surgen excusas para seguir dilatando el proceso, cuando que en otras causas, con ligereza, imputa.
“Muchas conjeturas puedo sacar, pero lo que creo que como sociedad nos merecemos es que de una vez el Ministerio Público nos represente a la sociedad y que deje de promover la impunidad, de hechos que tienen que ver con las gestiones públicas”, lanzó.
Vargas mencionó que si realmente investigara el caso, es probable que encuentren otros hechos punibles y no solo exacción, porque no se sabe si todos los pagos fueron efectivamente a cuentas de la Defensoría del Pueblo o si alguna fue cobrada por otra vía.
La activista había denunciado supuesta exacción contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, ya que según dice, “en una interpretación antojadiza”, cobraba desde el 2019 a los objetores de conciencia, llegando a percibir un total de G. 2.000 millones.
Según Vargas, la obligación de pagar se aplica únicamente a aquellos que fueron declarados objetores antes de que entre en vigencia la Ley 4013, en el 2010. Quedan exceptuados como objetores aquellos que hayan dejado constancia de su objeción de conciencia ante DDHH.