En poco más de medio mes, el nuevo Gobierno liberó de restricciones al mercado cambiario, a las exportaciones industriales y agrarias, pretende aligerar el grueso aparato del Estado, promete buscar una salida al litigio de la deuda con fondos especulativos y ha comenzado a eliminar subsidios, como los de la luz y el gas.
Aunque todas estas medidas coinciden con las expectativas electorales generadas por Macri, los argentinos saben también que 2016 llega con la otra cara de la moneda.
En un país acostumbrado a vivir con el mal endémico de la inflación, se teme el efecto de las política macrista en los precios, con la conflictiva negociación de la actualización salarial a la vuelta de la esquina.
No hay aún cifras oficiales de los nuevos gestores, que han decretado la “emergencia estadística” por el mal estado en el que encontraron el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), pero el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay anticipó que se calcula una subida del IPC (Índice de Precios al Consumo) en diciembre de entre el 3 y el 3,5 %.
La última medición del cuestionado Indec corresponde al pasado octubre, aún bajo el mandato de Cristina Fernández, cuando los precios acumularon un incremento del 14,3 % frente al mismo mes de 2014, aunque para las consultoras privadas esa cifra fue del 25,02 %.
Además, el nuevo Gobierno se enfrenta al complejo reto de conseguir abundante entrada de capitales extranjeros para frenar la caída de las reservas del Banco Central y evitar así profundizar la depreciación del peso argentino.
Acuerdos con los exportadores agrarios para la liquidación de granos, préstamos del BID y acuerdos de intercambio de monedas con China han centrado los primeros esfuerzos.
De todas esas cifras dependerá el desarrollo de las siempre complejas negociaciones paritarias de 2016 con los poderosos sindicatos argentinos, que ya advirtieron que la devaluación del peso y medidas como la quita de subsidios deberán ser tenidas en cuenta a la hora de valorar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
Los que no han esperado al nuevo año para rebelarse contra el Gobierno y prometen dar batalla son los gremios de trabajadores estatales, protagonistas de las primeras protestas sociales del mandato debido a la intención de Macri de revisar los contratos de empleados públicos de los tres últimos años y de evaluar dejar salir a miles de personas con contratos temporales.
Fuera de las fronteras, Argentina se encuentra ante al reto de reposicionarse en el tablero internacional y de arreglar la cuenta pendiente con los fondos especulativos que no aceptaron las reestructuraciones de la deuda pública planteadas durante el kirchnerismo y ganaron al país un juicio en Nueva York.
La nueva canciller argentina, Susana Malcorra, prometió que el Ejecutivo va a tratar de encaminar el conflicto, que mantene al país en cese de pagos parcial desde 2014.
Macri ha anticipado también que buscará dar un nuevo impulso al Mercosur y que pedirá que el bloque se mueva en la dirección de aumentar vínculos comerciales con la Alianza del Pacífico y la Unión Europea.
Sin embargo, tras años de amistad con el kirchnerismo, la relación argentina con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro -quien ha llegado a decir públicamente que el pueblo argentino estaba “listo para luchar” contra Macri- promete ser uno de los temas espinosos de la región.
Ya desde la campaña electoral, el líder conservador argentino se había pronunciado abiertamente en contra de la situación en Venezuela cuando anunció su intención de invocar la cláusula democrática del Mercosur contra Maduro, idea que no recibió el respaldo del resto de socios.
En la otra cara de la moneda, el Ejecutivo de Macri buscará recomponer relaciones exteriores deterioradas durante el kirchnerismo, con países como Estados Unidos.
En esa línea, el presidente argentino ya ha contado con la visita de representantes extranjeros como el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien auguró relaciones “espectaculares” entre los dos países.
No obstante, la primera visita al exterior de 2016 para Macri caerá mucho más cerca, ya que el mandatario planea viajar a Uruguay el próximo 7 de enero, símbolo de la importancia que el Ejecutivo asigna al vínculo con los países vecinos.
