La agente del Ministerio Público relató que en la madrugada del domingo recibió varias llamadas a la línea baja de su residencia. Una voz masculina le advirtió que debía abandonar la investigación o de lo contrario la causa terminaría perjudicándole.
“Estoy siendo amedrentada por todos los lados. Ninguna causa amerita eso, no tengo ningún apego a la causa para soportar este tipo de situación. Tengo una familia detrás, como cualquier persona. Me voy a reunir con mis familiares y vamos a tomar una decisión (sobre si se aparta o no de la investigación)”, comentó la agente fiscal.
Aguilar relató que el amedrentamiento se inició en la página de Facebook Ypané Escracha, donde se publicó un video filmado por Julio Ortiz, quien, según la fiscala, se presenta como jefe de Prensa de la Municipalidad de Ypané, del allanamiento. En la filmación el hombre denuncia que la fiscala no le permite estar presente en una oficina de la Municipalidad mientras es allanada.
La representante del Ministerio Público indicó al respecto que periodistas de distintos medios estaban en el lugar y aseguró que actuó con transparencia.
Además, contó que en esa página se publicó una fotografía de su residencia. Además de las llamadas de madrugada, la fiscala dijo que escuchó varias motos pasar reiteradamente frente a su casa.
“Estoy analizando apartarme porque nada amerita esto. Mañana estaría definiendo si me aparto”, indicó Aguilar y recordó que hasta ahora Horacio Ortiz no se presentó ante la Justicia, a pesar de estar imputado y con una orden de detención en su contra.
Álvaro Arias, abogado del intendente ypanense, anunció que hoy su cliente se presentará ante el juez Miguel Bernardes a las 10.00. El profesional del Derecho señaló que también se presentará Elva Beatriz Corvalán, coimputada en la causa.
La imputación señala distintas presuntas irregularidades en el uso de G. 1.700 millones que recibió la Municipalidad del Fonacide. Entre otras cosas, la fiscala Aguilar comentó que encontró un equipo informático comprado para una escuela de Ypané, cuya boleta señalaba que se pagó por el mismo la suma de G. 4.450.000. La agente indicó que la computadora en el mercado cuesta G. 1.739.000.
Por su parte, el abogado Arias indicó que analiza llevar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la fiscala, debido a varias irregularidades en su actuación, entre ellas el pedido de prisión que realizó al juzgado.