Si bien aumentaron las ofertas crediticias para personas que buscan construir o comprar su primera vivienda, los planes implementados por el Estado están aún lejos de posibilitar que una gran proporción de las personas que perciben entre uno y cinco salarios mínimos cuenten con vivienda propia.
Los precios privativos de los inmuebles ofertados en las zonas del centro histórico y financiero de la capital hacen que muchos se vean obligados a buscar casas en ciudades dormitorios de Gran Asunción.
Según una publicación de Última Hora, solo en Asunción y Gran Asunción hay 30.000 familias con ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos que viven en alquiler pagando más del millón de guaraníes.
El déficit de viviendas en el país es de 1.200.000 unidades. Un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el creciente déficit habitacional en América Latina y el Caribe revela que 43 de cada 100 familias no cuentan con un techo para vivir o habitan en residencias de mala calidad en el Paraguay.
Los planes encarados a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) son muy buenos, pero aún no logran masificar los créditos para viviendas para personas de clase media-baja.
Vivir a escasos minutos de los puestos laborales otorga calidad de vida a los trabajadores. Por ello, concretar proyectos para posibilitar el acceso a viviendas para personas con ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos es uno de los desafíos del próximo gobierno.
Para hacer accesible esto, el primer reto de parte de las autoridades estatales es lograr la capacitación financiera de las personas, que en su mayoría está sobreendeudada y viviendo en alquiler.
Asimismo, se deben buscar mecanismos que permitan reducir los trámites y documentos exigidos, de manera que quienes deseen adquirir una casa puedan disponer de la propiedad en el menor tiempo posible. Otro de los desafíos es posibilitar que quienes así lo deseen puedan acceder a viviendas cercanas a sus puestos laborales. Para ello, es más que urgente y necesario concretar alianzas con el sector privado que les permitan el retorno de sus inversiones, pero sin acogotar financieramente a los interesados en adquirir propiedades.
Además, las autoridades deben crear mecanismos para que se acorten plazos y se puedan construir edificios de altura en zonas céntricas de las principales ciudades donde se concentra la masa laboral.
Acceder a una vivienda digna es un derecho universal, falta voluntad política para que los planes sean concretados.