19 abr. 2024

Vicepresidencia incumple ley y omite un comisionamiento

El vicepresidente Juan Afara debe reportar mensualmente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la nómina de funcionarios, sus salarios y las condiciones en que se encuentran los funcionarios, ya sea en carácter de permanentes o contratados.

Lista oficial.  Esta es la nómina que la Cancillería reportó en octubre y en las anteriores. En la misma solamente aparecen dos funcionarios que están comisionados en la vicepresidencia.

Lista oficial. Esta es la nómina que la Cancillería reportó en octubre y en las anteriores. En la misma solamente aparecen dos funcionarios que están comisionados en la vicepresidencia.

Llamativamente, en la lista de comisionados no aparece el nombre de Fernando M. Fronciani, funcionario de Relaciones Exteriores, pero que habitualmente trabaja con el vicepresidente como responsable de protocolo.

La Ley 5189/14 es la que establece la obligatoriedad de publicar todos los datos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reportó en octubre pasado solamente 17 nombres de personas comisionadas, dos de ellas para la vicepresidencia de la República.

Figuran los nombres de Lilian Marcela Afara y de Roberto Carlos Ojeda Godoy. Ambos están en secretaría general.

El nombre del funcionario Fernando Fronciani figura en la nómina de los funcionarios de la Cancillería. De acuerdo a la planilla de Relaciones Exteriores, en octubre, percibió la suma de 17 millones de guaraníes. Su sueldo básico es de 13 millones de guaraníes. A eso se suma su gasto de representación y responsabilidad en el cargo.

la ley. La Secretaría de la Función Pública reporta mensualmente de acuerdo a lo que establece la Ley de Transparencia que pregona este Gobierno. La misma hace un resumen de las instituciones que informan sobre sus bajas y altas.

De acuerdo a lo que indica esta Ley, en caso de que las instituciones públicas incumplan con lo dispuesto en la Ley 5189, la máxima autoridad será sancionada con una multa de 12 millones de guaraníes. Este dinero debe ser transferido directamente al Ministerio de Hacienda para redireccionar a acciones sociales.

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