La transparencia de los datos públicos no es suficiente. Debe ir complementada con un mayor control de parte de los administradores del dinero público y de un castigo de parte de las autoridades judiciales.
Tras la denuncia de que el Estado pagaba aguinaldo extra a los funcionarios –lo merecieran o no–, no solo se dieron a conocer los montos de despilfarro del dinero público, sino también el desastre administrativo para denominar esta erogación.
El Estado opera financieramente con base en un manual de funciones denominado Clasificador presupuestario. En este manual, se le asignan dígitos a una serie de conceptos de ingresos y de gastos del Estado.
En teoría, el clasificador presupuestario sirve para uniformar las transacciones financieras de la Administración Pública, pero en la práctica no.
Por ejemplo, mientras algunas entidades abonaban el “aguinaldo extra” bajo el objeto de gasto “133", al cual se denomina Bonificaciones y gratificaciones, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Aduanas, por citar dos ejemplos, abonaban el aguinaldo extra bajo el objeto de gasto “849", denominado Otras transferencias corrientes, que entre otras cosas permite el pago de premios en efectivo o en bienes, y los premios por reconocimientos al mérito de personas o entidades privadas.
En el caso del Congreso Nacional, el pago de una asignación mensual para los operadores políticos o asistencia parlamentaria estaba englobada en dos tipos distintos de conceptos: contratación de servicios técnicos y profesionales y otros gastos del personal.
Como estos casos, hay otras decenas de ejemplos sobre la falta de claridad en la asignación de recursos y sobre la legalidad de utilizar un recurso destinado a un concepto para otro objeto de gasto.
Hay una ventanita que permite a los administradores de la cosa pública reorientar los gastos, sin que exista un control, hasta que el dinero público ya haya sido malversado.
La historia de la Administración Pública demostró que no se puede confiar en la honestidad del administrador de los bienes estatales, y que es necesario establecer criterios de control sobre el gasto público. Por ello, es normal la desconfianza que existe hacia la intención del Poder Ejecutivo de mantener el dinero destinado al pago del aguinaldo extra, a pesar de su promesa de que ya no abonará este beneficio. Hay que cerrar cualquier ventanita que induzca a pensar que el dinero de los impuestos será utilizado el próximo año para promover la reelección presidencial.
