EFE
Según el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2016, presentado este lunes en Buenos Aires, el continente apenas rozó el aprobado este año, con un 4,7 de media, en términos de democracia social, ciudadana y económica, pilares de un estudio que alerta sobre la desigualdad, la inseguridad y el narcotráfico.
Esta nota sufre una caída del 3 % con respecto del año pasado y se aleja del 5,2 obtenido en 2009, el mejor resultado logrado desde comienzos de la década pasada.
Según Jorge Arias, director de Polilat, los peores datos los contabilizó Venezuela (2,6), “donde están encarcelados los opositores de mayor capacidad electoral”, y Guatemala (2,7), “donde los requisitos democráticos se cumplen supuestamente en la forma pero en el medio se elimina a la oposición”.
Por encima de los siete puntos, por contra, se situaron Chile, Uruguay y Costa Rica, que se han consolidado en los últimos años como los punteros en este sentido por la profesionalización de su sistema burocrático y por el respeto a las instituciones por parte de la sociedad.
No obstante, aunque Chile obtuvo un 10 en el ránking, no significa que su sistema democrático sea perfecto sino que el país con mejores datos tras el análisis se sitúa como el cielo estadístico en el informe y el resto se reparte proporcionalmente en la escala.
Para Arias, además de la pobreza y el narcotráfico, la corrupción se convirtió en los últimos años en un problema funcional que revierte en estructuras políticas que tienden a ser “perversas” con “populismo” y sistemas electorales “amañados”.
También alertó sobre la brecha de género que se mantiene en todo el continente, con escasa presencia de mujeres en cargos políticos o en puestos de poder dentro de la empresa privada.
La presentación de hoy, que tuvo lugar en la sede de Konrad Adenauer, institución colaboradora en la elaboración del informe, estuvo especialmente centrada en Argentina, cuyo nivel democrático retrocedió un 12 % con respecto de 2015 y se ubicó en niveles cercanos a los de la crisis económica y política de 2001.
El país austral sigue suspendido en “democracia económica” y en “democracia de los ciudadanos” por el ascenso de los números de pobreza e inseguridad, aunque Arias precisó para explicar esta situación que el informe no pudo corregir el supuesto falseamiento de las estadísticas que acometió el anterior Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
Así, el experto reconoció que en los datos del informe no se puede separar el “sinceramiento estadístico” ejecutado tras la llegada al poder de Mauricio Macri, de los efectos de las medidas de ajuste económico acometidas desde el comienzo del nuevo mandato y que también pueden influir en los resultados del estudio.
