EFE
La víctima, un hombre de 30 años, falleció en el occidental estado Mérida y elevó a 101 los muertos que hasta ahora dejó la ola de protestas opositoras que sacude a la nación caribeña desde hace tres meses.
El alcalde de Mérida, Carlos García, achacó a agentes policiales la muerte de quien identificó como Rafael Vergara, víctima “de la represión de los órganos de la dictadura”, escribió en Twitter, sin especificar si fue tiroteado como reportaron vecinos de la zona.
El alcalde merideño denunció poco antes de la muerte que los mismos vecinos de esa y otras dos zonas del estado eran “asediados y reprimidos por órganos del Estado y grupos del gobierno” del presidente, Nicolás Maduro.
Los choques violentos también alcanzaron a otras ciudades venezolanas, por lo general desencadenados por el empeño policial de despejar vías cortadas por ciudadanos que levantaron barricadas.
La oposición dijo que la huelga fue secundada en un 92 %, lo que fue descartado por Maduro.
El llamado a paro “fue derrotado” por la “clase obrera” que obtuvo “una victoria total hoy frente al intento de una huelga indefinida”, dijo durante un acto con sus simpatizantes transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.
“El pueblo no le paró al paro, la gente salió a las calles a trabajar, a vivir, a hacer, a construir. Mientras ellos quieren parar, el pueblo quiere paz”, añadió.
Para la oposición, en cambio, el paro fue un éxito.
“En total obtuvimos un 92 % de participación en todo el territorio nacional”, dijo en nombre de la coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el diputado Freddy Guevara.
Según el diputado, la huelga general tuvo el mayor índice de cumplimiento en el sector de transportes, seguido del petrolero, el comercial y el sector público, con porcentajes mínimos superiores al 80 %.
Con los al menos 50 detenidos de hoy, la organización de defensa de los derechos humanos Foro Penal contabiliza más de 4.500 arrestos desde que comenzó en abril la actual ola de protestas.
La oposición aspira con esta protestas parar la elección este domingo de Constituyente, que a su juicio abriría las puertas a la consolidación de “la dictadura” de Maduro.
Los oficialistas impulsan este proceso -que la oposición intenta impedir con más acciones de desobediencia civil- para “fortalecer la revolución” y apuntalar el “Estado comunal”.
El inicio de la huelga coincidió con la penúltima jornada de campaña electoral para la elección de la Constituyente, que asimismo mantiene actos y celebraciones oficialistas en todo el país.
La protesta opositora se mantendrá este jueves y coincidirá con el último acto de campaña del chavismo, para el cual Maduro pidió a sus partidarios de todo el país viajar hasta Caracas y ser parte de lo que llamó será “la mamá de los cierres de campaña constituyente”.
Los venezolanos están convocados por Maduro a las urnas para elegir a los más de 500 miembros de una Constituyente rechazada también por varias naciones e instancias internacionales.
Una exigencia de que se suspenda la elección del domingo provino hoy de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que emitió una declaración conjunta suscrita por trece países y el secretario general de la instancia continental, Luis Almagro.
El proceso de la Constituyente “implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática”, alertó.
Adicionalmente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció hoy una nueva ronda de sanciones que afectan a altos cargos del Gobierno e instancias castrenses, y advirtió de que habrá más castigos si la convocatoria a Constituyente sigue adelante.
Maduro condecoró a los sancionados, entre ellos Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exvicepresidente de Venezuela, y Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El Tesoro también sancionó al ministro del Interior, Néstor Reverol; al comandante del Ejército, Jesús Suárez, y a los jefes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Pérez y Sergio Rivero, respectivamente.
Los sancionados verán congelada cualquier propiedad que puedan tener en EE.UU. y tendrán prohibido hacer transacciones con estadounidenses o personas bajo la jurisdicción de este país.
