EFE
La determinación, que ya fue comunicada a la Policía Federal, responsable por el control en las aduanas de los aeropuertos, se produjo pocas horas antes del viaje que el exjefe de Estado tiene planeado a Etiopía para participar en un evento sobre el combate al hambre en el mundo organizado por la FAO en el marco de la Trigésima Cumbre de la Unión Africana.
La orden fue dictada por el juez décimo federal de Brasilia, Ricardo Leite, en un proceso diferente al que concluyó el miércoles con la condena de Lula, y confirmada por la Policía Federal y el Ministerio de Justicia.
“El director general de la Policía Federal, Fernando Segovia, comunicó por teléfono en la noche del jueves al ministro de Justicia, Torquato Jardim, la decisión de la Justicia Federal de impedir que el expresidente abandone el país”, según la asesoría de prensa del Ministerio.
De acuerdo con la misma fuente, el ministro le pidió al director de la Policía Federal que comunique a Lula de la decisión en su residencia para evitarle situaciones embarazosas.
La orden de retención del pasaporte fue emitida por el juez de Brasilia que investiga las acusaciones contra Lula por supuesto tráfico de influencias en el proceso que concluyó con la decisión del Gobierno de Brasil de adquirir 36 caza bombarderos de la empresa sueca Saab.
Lula fue imputado en este proceso en diciembre de 2016 luego de que el juez considerara como procedentes las acusaciones de que el expresidente intervino en la elección del vencedor de la millonaria licitación en su condición de expresidente y gracias a influencia que tenía en el Gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff.
Este es uno de los siete procesos judiciales que afronta el exjefe de Estado, en su mayoría por corrupción y en uno de los cuales fue condenado el miércoles en segunda instancia.
Los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4 Región de la ciudad de Porto Alegre decidieron por unanimidad confirmar la condena de Lula en primera instancia por corrupción y lavado de dinero y elevar su pena a doce años y un mes de prisión, frente a los nueve años y medio a que había sido condenado en primera instancia.
La decisión, aunque es apelable, complica las opciones del expresidente (2003-2010) para disputar las elecciones presidenciales de octubre próximo ya que, según la legislación brasileña, los condenados en segunda instancia no pueden ser postulados.
No obstante, la última palabra sobre la candidatura de Lula, que lidera todos los sondeos de opinión y ha manifestado su intención de presentarse, estará en manos de la Justicia Electoral.
Pese a la decisión judicial, la dirección ejecutiva nacional del Partido de los Trabajadores (PT) anunció este jueves de forma unánime la decisión de postular a Lula como su candidato en las presidenciales de octubre.
“Yo acepto la designación de precandidato del Partido de los Trabajadores”, respondió el exlíder sindicalista, de 72 años, quien precisó que la candidatura “no puede depender solo de Lula” e instó al partido a seguir luchando ante “un hecho indeseado”, como una inhabilitación política o su ingreso en prisión.
