El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en un auto conocido hoy, adoptó esta decisión ante la imposibilidad de hacerles comparecer ante la justicia española, “ni aun siquiera solicitando la oportuna asistencia judicial a las autoridades norteamericanas, dada la negativa de las mismas”.
Pedraz recuerda que los tres militares procesados están acusados de una grave violación del derecho internacional humanitario, al tratarse de un ataque indiscriminado a la población civil, en concreto periodistas, en concurso con homicidio.
Añade que son delitos que de acuerdo a la Convención de Ginebra se podrían perseguir pero durante estos años “ni siquiera se han podido insertar las órdenes internacionales de busca y captura en Interpol porque ésta se ha negado al considerar, a instancia de Estados Unidos, el delito como un asunto militar”.
Ahora, a la luz del Estatuto de Roma que contempla la cooperación internacional para luchar contra la impunidad, Pedraz remite la causa a Genocide Network, en el seno de Eurojust, por ser una organización creada por el Consejo europeo para fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales en la investigación de este tipo de delitos.
Esta causa se abrió tras el fallecimiento de Couso el 7 de abril de 2003 cuando cubría la guerra de Irak y están procesados tres militares del Ejército de Estados Unidos.
