Entre el eterno debate de la reelección, la abierta disputa de poder entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y las miserias diarias, en el 2016 pasó desapercibido uno de los mayores dramas de nuestra democracia: la impunidad. Mientras que las tasas de encarcelación se mantuvieron altísimas –incluso para el continente–, pasaron 366 días más sin que la Justicia llegue a los legisladores procesados por delitos de corrupción en la función pública.
El senador Víctor Bogado fue imputado en octubre del 2013 por supuestamente haber utilizado sus influencias para conseguir un contrato en Itaipú a una mujer que ya tenía un sueldo estatal en la Cámara de Diputados. La mujer, denunciaron los medios, era la niñera de su familia, pero esto nunca la Fiscalía comprobó.
Lo que sí concluyó el Ministerio Público es que la mujer cobró dos sueldos del Estado de forma ilegal mediante los dos pedidos hechos presuntamente por Bogado. Hasta ahora, tras una serie de incidentes y chicanas por la defensa, la Justicia aún no pudo determinar si el legislador enfrentará o no un juicio oral, como lo pidió la Fiscalía Anticorrupción.
El caso del diputado José María Ibáñez es, quizás, más descarado: La Fiscalía lo acusó de pagar con sueldo del Estado a tres empleados de su quinta privada en Areguá, a quienes hizo figurar como funcionarios del Congreso. Incluso, según la investigación fiscal, se quedaba con parte de sus salarios y les entregaba solo G. 800.000 al mes.
En el 2014, Ibáñez pidió perdón ante los medios de comunicación y ofreció al Ministerio Público una salida procesal, en la cual él admitiría los delitos para evitar un juicio oral. La Fiscalía rechazó su propuesta y ahora su caso duerme en la Corte Suprema de Justicia.
La lista de casos congelados sigue con el senador Enzo Cardozo, quien enfrenta procesos por corrupción desde el 2013 y hasta ahora no se sometió a una audiencia preliminar, en ninguno de sus dos casos.
Días antes de navidad, la defensa del diputado Milciades Duré planteó una acción de inconstitucionalidad para evitar un juicio oral y público por su participación en la compra presuntamente sobrefacturada de las tierras de San Agustín por parte del Estado en el 2013.
Ahí también está el diputado Óscar Núñez, procesado por un festín de irregularidades –de acuerdo con la investigación fiscal– durante su gestión como gobernador de Presidente Hayes. También logró evitar sentarse en el banquillo de los acusados este año.
Cuando hablamos de la impunidad de parlamentarios ante el Poder Judicial, no hay que olvidar que hoy por hoy persiste un juicio político cajoneado en el Parlamento a tres ministros de la Corte: Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay.
Podemos seguir debatiendo sobre la reforma judicial, de construir nuevas cárceles o de planes de rehabilitación social para los presos, pero hasta tanto la Corte Suprema de Justicia pueda abandonar realmente las cadenas que la mantienen sometida al poder político y tome todos los casos por igual sea quien sea el procesado, todo será en vano.
