El Ministerio de Hacienda (MH) y la Contraloría General de la República (CGR) ratifican que el responsable del uso del dinero público en una institución del Estado es la máxima autoridad, es decir, el presidente.
La intención que muestran los tres ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), de transferir toda la culpa de las irregularidades de pagos de viáticos a la ex administradora de la institución, Liliana Gneiting, contradice con la postura de Hacienda y Contraloría.
Ambas instituciones señalaron que la falta recae en los responsables de la institución, quienes además cobran una jugosa bonificación por el cargo. Hablamos de G. 26 millones y un salario total que orilla los G. 50 millones.
Este diario viene publicando sobre supuestas irregularidades en el TSJE, como pagos por supuestas reuniones de trabajo en Navidad, Viernes Santo. Ante estas publicaciones, las máximas autoridades decidieron emprender acciones contra la ex administradora Liliana Gneiting.
Las investigaciones periodísticas revelaron que los mozos vip y choferes vip de los ministros, así como sus esposas y parientes fungían de expertos capacitadores en temas electorales y cobraban jugosos viáticos por comisiones fantasmas. En los últimos días salió a la luz que los mismos ministros del TSJE cobraron viáticos por reuniones de trabajo en el interior en las que no participaron, pues se encontraban de viaje en el exterior.
Denuncia. María Elena Wapenka (miembro), Jaime Bestard (presidente) y Alberto Ramírez Zambonini (vicepresidente) firmaron a últimas horas del viernes una denuncia contra Liliana Gneiting, alegando que mediante resolución del TSJE, firmada por los presidentes de turno, se la designó como administradora con todas las responsabilidades inherentes al cargo.
La acción deriva de una auditoría realizada en los últimos meses y donde se evidenciaron “indicios de irregularidades en procesos de autorización y pagos de viáticos”.
Sin embargo, Diego Marcet, director jurídico de la CGR, ya había adelantado que la responsabilidad de las faltas denunciadas recae en los responsables de la institución y que se trata de un hecho tipificado como producción de documentos de contenido falso.
“Hay una responsabilidad que recae en las autoridades, y otra, que es individual, que es la del funcionario que realizó la comisión del servicio”, había explicado Marcet sobre el caso Wapenka.
Al ser consultado sobre la acción de los tres ministros respecto a la administradora, el viceministro de Hacienda, Ramón Ramírez, sostuvo que “no se delega la responsabilidad”.
“Quien tiene directamente responsabilidad es el presidente de cada periodo, su responsabilidad es administrar. Siempre es el presidente el responsable de la ejecución presupuestaria y el que determina quién cumple tal rol y su remuneración”.