El comandante de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas, fue hallado culpable de cobrar una coima en 1995, de acuerdo con una resolución de la Dirección de Justicia Policial por la cual se ordenó su arresto disciplinario por 30 días. Si bien se negó a dar declaraciones al respecto, el departamento de Relaciones Públicas informó semanas atrás que en el 2002 Rojas “probó" su inocencia ante el Tribunal de Calificaciones de la Policía y así consiguió su ascenso.
Ante un pedido de información pública de ÚH, la Policía Nacional proporcionó el acta de sesión del Tribunal de Calificaciones –encargado de analizar los pedidos de bajas, los ascensos, los retiros y la incorporación de nuevos policías– a la que hizo referencia el departamento de Relaciones Públicas.
Se trata en realidad de un documento del año 2000 en el cual en ningún momento el tribunal reconoce un error en la sanción por coima a Rojas, ni tampoco se mencionan las supuestas “pruebas” presentadas por él, como había informado previamente la Policía. En la resolución, el tribunal sí habla de un “error institucional” al no haber ascendido a Rojas debido a su sanción disciplinaria por la coima en 1995.
En ese sentido, el acta dispone el ascenso del entonces oficial inspector Rojas al grado de subcomisario de Orden y Seguridad. El documento indica que el castigo a Rojas quedó firme y ejecutoriado, debido a que él cumplió su sanción de 30 días de arresto disciplinario. Por lo tanto, “no correspondía una doble sanción al citado personal”, indica la resolución del tribunal entonces presidido por el comandante Blas Chamorro.
Por otro lado, en la misma respuesta al pedido de información, la Dirección de Justicia Policial comunicó que en la dependencia no obran los registros del sumario administrativo a Rojas, debido a que ya transcurrieron 22 años.
LA COIMA. La resolución de Justicia Policial relata que en julio de 1995, la Jefatura de Policía de San Pedro denunció supuestas irregularidades de un procedimiento realizado por el entonces oficial 1° Luis Carlos Rojas, el suboficial 1° Basilio Duarte y el suboficial ayudante Juan Carlos Ferreira.
A partir de la denuncia, el juez sumariante de Justicia Policial, el comisario Luis Servín Núñez, concluyó que los tres policías recuperaron una camioneta Ford F-1000 robada en un asalto en Coronel Oviedo, “propiedad de los hermanos Sakai”.
Según el sumario, la recuperación del vehículo se realizó en un procedimiento irregular en una vivienda del cual participó un civil en compañía de los policías, Marcio Alves Rodríguez. Los agentes luego devolvieron el vehículo a los hermanos Sakai y recibieron una “recompensa” de G. 5 millones, que se repartieron entre los cuatro.
La resolución de Justicia Policial indica que los policías incumplieron normas básicas, como “no haber llevado el vehículo a dependencia policial, comunicar al superior, redactar acta de entrega, investigar quiénes fueron los autores del robo y, por último, percibir la suma de G. 5.000.000 de coima”. El juez sumariante también dictaminó que el procedimiento irregular estuvo a cargo del oficial Rojas, “sobre quien recae mayor responsabilidad”, ya que los dos suboficiales eran sus subordinados.
La misma resolución indica que Rojas presuntamente operó para liberar a dos robacoches detenidos en Caaguazú. Por su parte, hasta ahora Rojas se negó a dar explicaciones al respecto.
Acta. El acta del Tribunal de Calificaciones del 2000. En ningún momento se menciona un “error” en la sanción por coima a Rojas, sino en no haberlo ascendido como un doble castigo.
Lo que había informado la Policía
Semanas atrás, el comandante se negó a dar explicaciones y derivó las consultas a la jefa del departamento de Relaciones Públicas, Elisa Ledesma.
“Existen pruebas de que posiblemente ocurrió totalmente lo contrario, que eso vio el tribunal. Entendemos que él presentó pruebas como que él es el que denunció el hecho y que en una forma arbitraria se le sancionó por 30 días. Gracias a Dios el tribunal entendió eso”, indicó. No pudo dar detalles de las pruebas de Rojas. Los documentos de la época en ningún momento mencionan las supuestas evidencias.